Edmundo Orellana
Con la pregunta “¿dónde está el dinero?” la juventud hondureña arremete contra el gobierno en las redes sociales inquiriendo sobre el dinero pagado, supuestamente, para la adquisición de los hospitales móviles.
Frase que bien podría utilizarse para preguntarle al gobierno sobre el destino del dinero que ha desaparecido en los últimos tres períodos de gobierno. Siguiendo esa línea inquisitiva, podemos preguntarnos -no sobre el dinero del caso conocido como PANDORA, porque ya sabemos el destino- lo siguiente: ¿quiénes son los responsables en el caso PANDORA?
La “justicia” hondureña decidió que no hay culpables, pero el dinero se extrajo ilegalmente. Si no son responsables los que señaló el MP, ¿quiénes lo son, entonces?
Es responsabilidad de la auditoría interna de las instituciones públicas señalar las irregularidades, por lo que era deber de la auditoría interna de SAG advertir a la Gerencia Administrativa y al Secretario de Estado sobre la irregularidad de darle destino diferente a la partida presupuestaria, cuya finalidad era aliviar la situación socioeconómica de sectores deprimidos del campo. Si no lo hizo, según la ley, es solidariamente responsable con los autores del acto irregular, por lo que el MP está obligado a deducir responsabilidades; igualmente, el caso de la Gerencia Administrativa de ese Ministerio, que tramitó la orden de pago, y, finalmente, identificar el responsable, en la Secretaría de Finanzas, de autorizar el gasto y la emisión del cheque respectivo. Tenga presente el amable lector que, según la Constitución, la fiscalización preventiva del presupuesto es competencia del Ejecutivo, según la ley, por medio del Ministerio de Finanzas.
Habrá que investigar también qué ocurrió dentro de la entidad bancaria en la que se realizaron esas transferencias, luego de que recibiera un cheque de la Tesorería General de la República. Es evidente que pasó de la cuenta bancaria de la ONG involucrada, a la cuenta bancaria de los receptores del dinero, y que estos lo utilizaron para pagar deudas de la campaña electoral. Si se trataba de dinero del presupuesto de la República utilizado para financiar candidaturas políticas, el “oficial de cumplimiento” del banco, según la Ley de Lavado de Activos, debió denunciar la operación como sospechosa a UIF. Si no lo hizo, el MP está obligado a deducir las responsabilidades que resulten de esa omisión.
Si el banco cumplió y denunció la operación sospechosa a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión de Bancos y Seguros, el problema se traslada a este organismo. Recibida la denuncia, es su obligación hacerla del conocimiento del MP. ¿Lo hizo? Si no, el MP deviene obligado a deducir responsabilidades a quienes decidieron no enviar la denuncia.
Según trascendió, quien hizo la denuncia al MP fue el propietario de la ONG, un señor italiano, al enterarse de las irregularidades. Es curioso que haya sido un extranjero quien demostró más celo por Honduras que los mismos nacionales, a quienes resultó muy normal que dinero del presupuesto nacional se utilice para financiar campañas electorales. Y no eran nacionales comunes, eran los responsables legalmente para evitar que estas irregularidades ocurran y para castigar a los responsables.
En el IHSS sucedió algo similar. Si la auditoría interna no advirtió a la Gerencia ni a la junta directiva, ni tampoco al TSC, de las barbaridades que estaban por ocurrir, la responsabilidad de la auditoría interna es evidente.
Si los funcionarios públicos obligados legalmente a evitar que ocurran estas irregularidades en las finanzas públicas nada hacen para evitarlo, son responsables, igual que lo son quienes reciben el dinero ilegalmente. Si el MP dedujera responsabilidad penal a esos funcionarios, no desaparecería la red de corrupción, por supuesto, pero desaparecería ese eslabón de la cadena de corrupción que la facilita, porque ningún administrador de secretaría de Estado, ni auditor interno, ni oficial de cumplimiento de un banco, ni la UIF, se atrevería a actuar como lo hicieron quienes permitieron que miles de millones de lempiras del IHSS, la SAG y muchos organismos públicos más, pasaran a bolsillos de particulares.
De otro modo, nunca veremos castigados a los corruptos, porque se protegen emitiendo nuevas leyes, derogando las inconvenientes y dictando sentencias favorables. Son demasiado poderosos para que la ley los alcance. Exijamos, entonces, al MP actuar sin contemplaciones contra los responsables de los controles internos, para que aquellos no tengan quienes les faciliten sus crímenes. Exijamos, pues, del MP que cumpla con su mandato constitucional, diciendo con fuerza: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
