TEGUCIGALPA,HONDURAS.- En el informe “no vinculante”, presentado por la Mesa de Evaluación, instalada por el régimen de Juan Orlando Hernández y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (SG/OEA), que evaluó los compromisos adquiridos por ambas partes mediante el Convenio para el establecimiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), se invita al régimen y a la OEA “a prorrogar el texto actual del convenio”.
La MACCIH comenzó a operar el 19 de enero de 2016 con una videncia de 4 años y que “podrá prorrogarse por canje de notas. El Gobierno y la SG/OEA, consideraron que previo a su prórroga, es conveniente realizar una evaluación sobre el cumplimiento y los resultados a la fecha, con el objeto de obtener insumos para continuar trabajando en conjunto en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras.
El informe contiene avances, logros, retos y obstáculos que encontró la MACCIH en el cumplimento de los objetivos establecidos, siendo el Congreso Nacional (CN), la barrera más fuerte que no permite que se continúe persiguiendo y castigando la corrupción y la impunidad en Honduras.
Diversos sectores de la sociedad hondureña han manifestado su deseo de que la MACCIH continúe operando, sin embargo, éstas manifestaciones de apoyo no han encontrado eco en el Poder Legislativo que preside el nacionalista Mauricio Oliva, quien incluso abiertamente anda en campaña política para lograr la primera magistratura del país.
En la opinión editorial del COFADEH titulada “Los alegatos de corruptos”, difundida el pasado 14 de diciembre en el programa Voces contra el Olvido, el comité expresó que : “Esta mafia empoderada ha lanzado un ultimátum desde el Congreso para finalizar el convenio de investigación y acusación penal suscrito con la MACCIH hace tres años en Washington. El pedido de muerte está avalado por los banqueros, los blanqueadores de dinero, los liberales controlados por el siniestro ex ministro de la presidencia de ROSUCO, los cachurecos bajo control del crimen organizado y el cascarón extractivista llamado Cohep.
La opinión editorial añadió que: “Con el debido cálculo, los diputados miembros de la Red, integrantes de la Caja de Pandora, beneficiarios del Planeta Verde y cuatreros de toda laya, han dejado en el impostor presidente la decisión final de asesinar progresivamente la MACCIH, así como los sicarios matan a Magdaleno, a su abogado, a su confidente y descendientes… a plazos”.
Hernández, señalado como el cerebro frío que extermina paso a paso a los adversarios políticos que obstaculizan sus ambiciones supremas, ha preferido mantener el suspenso hasta enero, atacando en la víspera a quienes ahora defienden la MACCIH de la OEA pero que al principio pedían la CICIH de la ONU, apunta el editorial del COFADEH.
Al tiempo que añadió: “Así llegamos otra vez al odioso círculo de los alegatos corruptos, un debate que era central en la política nacional pero que pasó a ser como una metástasis cancerígena que impide el paso de la sangre, el oxígeno y las proteínas sanas de la sociedad hondureña. Y que hoy produce decepción, hartazgo”.
En general, la opinión pública llegó a una conclusión simple después de diez años de soñar y luchar por el cambio: el Comando Sur y el departamento de Estado de los Estados Unidos han nombrado los presidentes, alcaldes y diputados, los más corruptos, los más comprometidos con el crimen organizado, y por tanto, el país modelo de democracia occidental, de respeto a la independencia de poderes, es líder de la mafia local, concluye la opinión editorial del COFADEH.
Entretanto, el Informe de la Mesa de Evaluación de trabajo de la MACCIH señala que en los últimos años el Congreso Nacional (CN) ha aprobado “normas que de alguna forma representan un retroceso en la legislación contra la corrupción. El 8 de agosto de 2017, por ejemplo, el Congreso Nacional aprobó una reducción de las penas al delito de malversación de caudales públicos”, señala el Informe de la Mesa de Evaluación de Trabajo de la MACCIH.
El informe señala que en 2019, el poder legislativo aprobó el nuevo Código Penal que reduce las penas y los plazos de prescripción de la acción penal, y además aprobó reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que podrían debilitar las acciones de auditoría y fiscalización del tribunal y la independencia del Ministerio Público (MP).
La MACCIH señaló que desde diciembre de 2016 presentó a la Cámara Legislativa el proyecto de Ley de Colaboración Eficaz, como una herramienta fundamental para realizar una lucha efectiva contra el crimen organizado y las redes de corrupción. Sin embargo, el Congreso Nacional aún no la ha aprobado.
“La MACCIH también ha insistido en la derogación de la Ley de Secretos y ha propuesto modificaciones a esa ley, sin que las mismas sean consideradas por el Congreso. La ley vigente impide el avance de las investigaciones, por cuanto mucha de la información que se requiere está resguardada bajo el velo de Secreto de Estado”, asegura el informe.
Otras leyes aprobadas podrían afectar los esfuerzos de combate a la corrupción en el país. Resalta en el informe que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) expresó su preocupación con relación al manejo y divulgación de la información por parte de la MACCIH, en razón de que en algunos casos, considera que se ha violentado la reserva y confidencialidad de la información proporcionada a los funcionarios del Ministerio Público (MP).
Con base a toda la información recabada la Mesa de Evaluación “invita al Gobierno de Honduras y a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (SG/OEA) a prorrogar el texto actual del Convenio MACCIH, y posteriormente a establecer los protocolos que garanticen la eficaz y eficiente administración y cumplimiento de sus objetivos generales y líneas de acción que consideren necesarios”.
