os para que fuera de la misma. En la sesión de este martes, los diputados del Congreso Nacional aprobaron en su tercer debate, el artículo 40 de la Ley de Protección de Datos Personales. De esa forma: “Aquella persona que se encuentre registrada en la Central de Riesgo Crediticia por incumplir con sus obligaciones, deberá ser notificada cuando sea registrada y eliminada de la misma una vez saldada la deuda”. “Se deberá proceder a la cancelación de manera inmediata de los datos de carácter personal del deudor o deudores inscritos a consecuencia de la falta de cumplimiento de sus obligaciones, una vez que las mismas hayan sido cumplidas”, indicó Doris Madrid, presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Este tipo de determinaciones –agregó Madrid-, van orientadas a todas las bases de datos crediticias, no solo la central de riesgo. En la actualidad, según el reglamento de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), una vez saldada la deuda, la persona es eliminada de la central de riesgo después de dos años de haber cancelada la obligación de pago y no de inmediato. Eso impide que pueda optar a préstamos aunque ya haya pagado la deuda. En este sentido, Madrid explicó que “Si una persona está registrada en la central de riesgo por deber 20 mil lempiras, al cancelar la deuda tiene el derecho de ser eliminada de la base de datos inmediatamente”. De igual forma, con esta ley la persona que tenga una deuda deberá ser notificada antes de ser registrada en cualquier central de riesgo. Asimismo, la ley agrega que una vez la persona sea notificada, tendrá un plazo de treinta días (30) calendario antes de proceder a dicho registro. La ley de Protección de Datos Personales consta de 96 artículos de los cuales se han aprobado 40. Con ella, los hondureños podrán decidir quién, para qué, cómo, cuándo y dónde una persona natural o jurídica, pública o privada, podrá hacer uso de su información personal.

Sigue adelante el esperado juicio contra el que fuera el narcotraficante más buscado del planeta, Joaquín “El Chapo” Guzman.

Este lunes el gobierno de EEUU sentó hoy en el banquillo de los testigos a Miguel Ángel Martínez Martínez, quien trabajó para el Cártel de Sinaloa bajo las órdenes directas de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera como su piloto y a cargo de contactar a los carteles colombianos que le suministraban la droga.

Martínez, alias “El Toloche” y “El Gordo”, entró a la sala de la corte federal de Brooklyn del juez Brian Cogan donde se lleva a cabo el juicio por la puerta principal y sin voltear la mirada, caminó hasta el asiento designado a los testigos e identificó a Guzmán Loera como su antiguo jefe, tras responder a preguntas de la Fiscalía de Nueva York.

“¿Para quién trabajó?”, le preguntó el fiscal, a lo que el testigo señaló sin titubear a Joaquín Guzmán Loera, tras lo cual le preguntó: “¿Con quién se reportaba usted?”. “Exclusivamente con Joaquín Guzmán Loera”, respondió.

“¿Con qué otro nombre se le conocía”?, “El Chapo, El rápido, el ingeniero, el doctor, el arquitecto”, se escuchó de Martínez en la sala del tribunal.

Luego, el fiscal le preguntó si veía a Guzmán Loera en la sala y tras responder de forma afirmativa y ante el requerimiento del Gobierno, le identificó como el hombre que llevaba la chaqueta negra y camisa crema, la indumentaria de hoy de “El Chapo”.

El piloto, que dijo obtuvo su licencia en Texas, indicó además que trabajó para el acusado entre 1986 y 1998 como piloto, encargado de hablar con los cárteles de Colombia (Cali, Medellín), de recibir los cargamentos que llegaban desde este país y enviarla a EEUU, y hacer los pagos, entre otro trabajo como “gerente”, que incluyó abrir oficinas para Guzmán Loera en diferentes lugares del país.

Martínez explicó como anécdota que en un viaje a Durango rompió la hélice de un avión y el Chapo le dijo que era un “mal piloto”, tras lo cual no volvió a pilotar para él.

El juicio en Nueva York por narcotráfico contra Guzmán Loera continúa hoy, en su sexto día, y ha estado rodeado de una gran expectación por quién sería el nuevo testigo de la Fiscalía, lo que llevó a incrementar las medidas de seguridad en la sala del juez Brian Cogan que preside el caso.

Como parte de las medidas, el testigo no podrá ser dibujado por las artistas de la Corte, por petición del Gobierno.