Así se evitará que muchos niños y madres sean lanzadas a la calles sin tener un lugar dónde dormir esa noche –argumenta Pérez
El diputado Mario Pérez hizo una exposición para aclarar varios puntos sobre las reformas a algunos artículos de la Ley de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que propuso en la sesión del martes el congresista Denis Castro Bobadilla.
“La iniciativa busca, principalmente cuando se trata del domicilio donde viven mujeres y niños, aplicar la figura del aseguramiento y no la incautación. ¿Cuál es la diferencia?”, se preguntó Pérez.
Incautar es llegar y sacarlos y esa casa pasa a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Asegurarlas es llegar, tomar fotografías de cómo está la casa e ir al Registro de la Propiedad y a la Alcaldía donde está registrada, y poner allí una traba, un embargo, de que esa casa no se puede ser traspasada, hipotecada, ni donada”, explicó.
El diputado nacionalista por Santa Bárbara luego ilustró que después viene el juicio en donde se decide si esa casa cae en comiso o no.
“Estoy de acuerdo con las reformas, porque en la actualidad se le violan los derechos a los menores, a las mujeres, a las madres, cuando son lanzadas a la calle, a veces sin oportunidad siquiera de sacar la ropa. En ese sentido creo que debemos hacer la reforma”, expuso Pérez.
Y prosiguió diciendo que “La casa sirve de domicilio a la familia, y a veces el que está en el problema es el hombre de la casa, pero no la mujer, no los niños, y llegar y de la noche a la mañana, lanzar a la calle a estos menores, a la mujer, no me parece correcto y por eso he venido hablando que la figura que hay que aplicar es el aseguramiento y no la incautación, pues las personas no saben dónde irán, ni dónde dormirán esa noche.
Para Pérez, se le debe dar oportunidad a la persona que es llevada a juicio a demostrar cómo compró esa casa, con qué dinero.
Al final, si la persona ya fue vencida en juicio, puede ser que pase a comiso y a favor del Estado, pero ya hubo un juicio, ya se tramitó, ya se le dio el derecho de defenderse, de demostrar cómo la compró. En ese caso, el Congreso Nacional podría lograr un consenso para que se reforme la ley –dijo Pérez.
Pérez, además, recordó que esta ley fue aprobada en 2010 y que posteriormente fueron creados los juzgados de privación de dominio y la misma OABI.
“Hoy nos podemos sentar a trabajar y ver qué debemos mejorar y qué cosas podemos enmendar para que la ley siga siendo una herramienta eficaz para asegurar la recuperación de bienes cuando procedan de origen ilícito”, prosiguió Pérez.
Y finalizó diciendo: “Pero la misma ley debe respetar derechos cuando la persona que la persona lo compró con dinero limpio y no con dinero sucio”. 
