El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), este martes se pronunció tras la falta de resultados dados por los interventores de Inversión Estratégicas de Honduras (Invest-H) el no funcionamiento de los supuestos hospitales móviles y la falta de justicia en el país.
Pronunciamiento
Ante el inicio de un 2021 con el augurio de ser un año agitado en el ámbito social, político, difícil en lo económico, y con la vigente necesidad de rescatar a la nación del secuestro que experimenta, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se pronuncia en los siguientes términos:
A) Que la junta interventora de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), cuyo mandato de 180 días finaliza el 24 de enero, ha sido incapaz de presentar un informe parcial (al menos) de la prometida auditoría a la compra de los supuestos hospitales móviles, y que su nombramiento sólo sirvió para erogar jugosos salarios, revelar prácticas reñidas con la transparencia, y no para los objetivos de su conformación: echar a andar los hospitales y revelar la verdad de la adquisición de los centros asistenciales.
B) Que los atrasos injustificables de la instalación de los centros de atención médica y el no funcionamiento de los mismos fueron avalados por los interventores de Invest-H, provocando una crisis adicional a la que ya se vive, pues si operaran, no se hablaría de colapso hospitalario y la sociedad se ocuparía de otros problemas.
C) Que la inoperancia de los funcionarios nombrados en esa institución es irrefutable al no hacer reclamos enérgicos al proveedor, haber acreditado como “buena” la compra de chatarra con una comisión in situ en Turquía, y que tildar de temerario al CNA por sus denuncias sólo les evidenció como blanqueadores de un sepulcro del que toda Honduras percibió su hediondez.
D) Que la compra de los supuestos hospitales móviles por más de 1,100 millones de lempiras, hecha por Invest-H, el 18 de marzo de 2020 en su primer pago, y el 2 de abril en el segundo, siguen siendo la estafa más grande en la historia de Honduras, poniendo en vergüenza a la administración pública, que pagó “de buena fe” el 100% del costo de los nosocomios, evidenciando así, su incapacidad de gestión ante la emergencia por la pandemia y la violación de la Ley de Contratación del Estado en dicho proceso.
E) Que el beneficio que otorgó el exdirector de Invest-H al intermediario Axel López, representó un perjuicio de 804 millones de lempiras para el Estado de Honduras y que por dicha sobrevaloración de los hospitales aún no se castiga a nadie.
F) Que la llegada de los contenedores con el mobiliario en mal estado comprado al proveedor Elmed Médical System, en fechas 10 de julio, 11 de octubre y 20 de noviembre no representaron una respuesta rápida para la población que padece el nuevo Coronavirus, ya que exfuncionarios de Invest-H, prometieron que estarían instalados en semanas, e incluso algunos en sólo días; no obstante el retraso en los arribos de los contenedores fue de 37, 126 y 170 días en cada llegada a Puerto Cortés, y durante ese
período se registró la muerte de 2,869 personas por COVID-19.
G) Ante estos hechos, y transcurridos 11 meses del inicio de la crisis sanitaria, nos resulta
inaudito que el Ministerio Público (MP) siga con el mismo nivel de displicencia desde el
primer día, dándole largas a las investigaciones, dilatando la presentación de más
requerimientos fiscales, confirmando la desidia del Fiscal General y la impunidad con la
que opera la justicia en estos casos.
H) A la ciudadanía recordamos que muchos de los responsables de aprovecharse de la calamidad del pueblo se burlan de la inteligencia de la gente al aspirar a cargos de elección popular, y otros aún esperan la coyuntura justa para volver a violar la ley y repetir en la administración pública, ante las sendas atrocidades cometidas en el 2020.
I) La corrupción sigue siendo la pandemia más difícil de vencer por los esfuerzos para invisibilizarla, normalizarla, justificarla y repetirla una y otra vez; pero esta tarea no es imposible, ya que la unión de fuerzas de la sociedad se antepondrá ante la actual estructura de impunidad que les roba el futuro a los hondureños.
