Eugenio Sosa, sociólogo e investigador del CESPAD
Uno de los voceros de la MACCIH, Luis Guimaraez Marey, acuñó la frase que la corrupción en Honduras “es a cielo abierto”, porque se hace dejando evidencias totalmente visibles. Ello permite que la investigación y seguir la ruta del dinero no sea difícil, pero sí es muy difícil lograr resultados en la justicia por la impunidad que protege a las personas y grupos en el poder o con el poder. Cuando la institucionalidad no funciona, la impunidad es tan generalizada, que no sólo aumenta la corrupción y proliferan las redes corrupción, sino que genera una especie de cultura propia de los corruptos, como actuar “a cielo abierto”. Pero, además, construyen discursos con los cuales buscan justificarse ante la sociedad hondureña. Unos son más cínicos que otros, veamos algunos ejemplos.
El discurso de defensa de la soberanía y de la constitución. Las elites políticas hondureñas no se han caracterizado por ser celosas de la soberanía nacional ni de ser portadoras de valores relacionados con el patriotismo. Los grupos de poder hondureños han sido tan entreguistas que llevaron a que Honduras fuera conocida a nivel internacional en el siglo XX como “república bananera”, “república alquilada” y “portaviones USA”. Sin embargo, cuando organismos internacionales les señalan sus responsabilidades en violaciones a los derechos humanos o por la corrupción desmedida en que han sometido al país, construyen cierto discurso de “nacionalismo patriotero”, argumentando que los hondureños somos los llamados a atender los problemas propios sin la participación de extranjeros “que nos vengan a decir que tenemos que hacer”. Este argumento se esgrimió contra la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), al afirmar que extranjeros estaban suplantando la institucionalidad nacional y violentaban la constitución y la soberanía nacional.
No se respeta el debido proceso y la presunción de inocencia. La acusación contra la MACCIH era que violentaba el debido proceso y la presunción de inocencia en los casos que presentó con la Unidad Fiscal Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC). Las elites y grupos de poder recurren a este argumento en una sociedad como la hondureña, que tiene no sólo una gran desigualdad social, sino también una gran desigualdad ante la ley y ante la justicia. Cómo se ha dicho, en Honduras “la justicia sólo muerde a los descalzos”.
Un comportamiento similar está teniendo los funcionarios denunciados por corrupción y falta de transparencia en el contexto de la pandemia Covid19. Pero van adaptando sus argumentos al contexto.
Lo más importante es salvar vidas. Uno de estos nuevos argumentos es “lo más importante es salvar vidas”, por tanto, todo vale. Como lo señaló el director de Invest-H, al ser cuestionado por hacer compras sobrevaloradas, “nosotros estamos haciendo lo posible por adquirir lo que está disponible en el mercado en el menor tiempo posible, la emergencia no permite procesos de licitación y de comparación de precios”[1]. El problema es que estas compras, además de sobrevaloradas, en reiteradas ocasiones no llegan en los tiempos prometidos e incluso llega incompletas o no es lo que se necesita.
El señor Marco Bográn, también sostiene: “podríamos tener próximamente al menos 10 mil personas en la unidad de cuidados intensivos, cuando no tenemos en el país, ni espacio para mil pacientes (…) cuando escucho hablar de comparación de precios, creo que se están olvidando de la magnitud de esta pandemia”. La idea de ser los salvadores del pobre pueblo hondureño se combina con la soberbia que da el sentirse inalcanzable por la justicia debido al pacto de impunidad que funciona en el país entre grupos de poder y redes de corrupción. Así el señor Bográn ante los cuestionamientos por las compras bajo su responsabilidad en lugar de abrirse hacia la auditoría de la sociedad civil y la ciudadanía sostiene: “a pesar de las críticas y confabulaciones, no vamos a dar un paso atrás, en poner primero salvar vidas, podrán hacer todos los comparativos que quieran, seguiremos trabajando”[2].
Se trata de campañas de la oposición contra el gobierno. Calificar las denuncias por supuesta corrupción y las demandas de transparencia como campañas contra el gobierno o los funcionarios, es otra de los discursos de la corrupción. Así, el director de Invest-H ante las investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) reacciona: “el informe del CNA es amarillista y lo que busca es generar un protagonismo en medio de la pandemia. El CNA no hace un trabajo profesional, sino despertar una actitud de rechazo de la ciudadanía hacia el sector público. Los informes han afectado mucho a mi equipo de trabajo”[3]. Gabriel Rubí, ex director de COPECO, quien también fue investigado por el CNA y renunció a su cargo, también denunció que había una campaña contra su persona, pero fue menos agresivo que el señor Bográn[4].
Uno de los principales voceros para acusar a la oposición de estar detrás de las campañas, es el Secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, quien en el contexto de las denuncias de corrupción en el contexto del Covid-19 ha afirmado: «hay una oposición radical, pero hay otra oposición que colabora y sigue colaborando porque pusieron en primer lugar el amor por Honduras», «¿usted cree que esas campañas anticorrupción es de gente que realmente anda preocupada por la transparencia? No. Detrás de eso hay intereses económicos que hacen una campaña contra el gobierno acusando y manipulando; esa es una presión y nosotros sí sabemos de dónde viene, donde se unen algunos medios también»[5].
En realidad, no somos corruptos, sino que luchamos contra la corrupción. El cinismo del discurso de los corruptos ha llegado a tal grado, que afirman que las diversas leyes y acciones que han tomado para proteger las redes de corrupción, son realmente para combatir la corrupción. Esto se ha argumentado ante las denuncias de los pactos de impunidad promovidos desde el Congreso Nacional, y también cuando expulsaron la MACCIH. El 22 de enero del 2020, tres días después de finalizado el convenio de la MACCIH, Juan Orlando Hernández Alvarado afirmó que Honduras, «tendrá un sistema nuevo de lucha contra la corrupción e impunidad y un Estado fortalecido». En ese momento Hernández Alvarado expresó, «hoy quiero reiterar el compromiso de nuestro gobierno por seguir luchando por la transparencia y en contra de la corrupción y la impunidad, basado en el fortalecimiento de las instituciones y eso significa fortalecer el Estado de derecho»[6]. La gran paradoja es que este nuevo sistema de lucha contra la corrupción estaría bajo la responsabilidad de muchos de los que han sido denunciados por casos de corrupción. A lo anterior hay que agregar, que hasta la fecha no se han realizado acciones concretas en función de instalar el denominado nuevo sistema de lucha contra la corrupción.
En el contexto de la pandemia, Juan Orlando Hernández, nuevamente ha afirmado que combatirá corrupción. Así Hernández Alvarado antes las denuncias de corrupción afirmó: «se los digo alto y claro: a todo funcionario público o empresario privado que quiera aprovecharse de esta emergencia, abusando de esta tragedia, nuestro gobierno no se los permitirá y les hará rendir cuentas en los tribunales». Pero también afirmó: «sabemos que algunos por sus intereses personales y mezquinos quieren que el país fracase o presionan por sus intereses viendo la salud del pueblo como secundaria; esas personas deben ser expuestas por las instituciones y el pueblo, para que el peso moral y la ley los castigue»[7]. El gran problema que tiene Juan Orlando Hernández con este tipo de propuestas, es que “ya casi nadie la cree” y él al no ser coherente con lo que promete y hace, se encarga de que así sea.
Las amenazas a las voces disidentes. Lo anterior se complementa con las amenazas, sobre todo de llevar ante los tribunales a defensores de los derechos humanos y activistas de la lucha contra la corrupción. En el contexto de la pandemia del Covid-19, de esta manera ha reaccionado el Director de Invest-H, Marco Bográn anunció que “va a presentar una demanda judicial contra los funcionarios del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos y Odir Fernández, por calumnias e injurias, a raíz de un informe de esa institución sobre las compras de emergencia realizadas por Invest-H. Bográn sostiene, “tengo un repudio total y es hacia las actuaciones o desempeño de los miembros de la dirección ejecutiva del CNA, en este caso de la directora ejecutiva y el jefe de investigación; creo que ambos han fallado en el profesionalismo”. Advirtió que después de la pandemia Castellanos y Fernández “tendrán que responder a los tribunales, porque no se puede ir a la diestra y siniestra destruyendo reputaciones, vidas, familias, como si no hay consecuencias, y sí las habrán, y quiero recordarles a ellos que marquen mi palabra hoy porque mañana me van a ver”[8].
En un contexto democrático y de Estado de Derecho cualquier funcionario que es denunciado por casos de corrupción, sencillamente se somete a los procesos institucionales que corresponde. En Honduras, los funcionarios que son denunciados por corrupción se sienten con el derecho amenazar, desde el poder, a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, que están en su legítimo derecho de exigir rendición de cuentas y que se investigue a los funcionarios públicos.
