Edmundo Orellana
Catedrático universitario
En el acto de la suscripción de la Declaración para Consolidar a Honduras como un Estado Abierto e instalar la Mesa Interinstitucional por la Transparencia, dijo JOH lo siguiente: “demostramos ser un país comprometido con la transparencia y en lucha permanente contra la corrupción” y advirtió de la decisión de su gobierno de “avanzar más en los hechos que en las palabras”, en materia “de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación tecnológica en la gestión gubernamental en favor de la ciudadanía”.
Con esa declaración se adhiere a la iniciativa internacional de Alianza para el Gobierno Abierto, conocida como AGA, que en 2011 se impulsó en el 66° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, bajo el liderazgo de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil.
Según la AGA, los principios fundamentales del Gobierno Abierto, que recoge la página web de la CEPAL, son los siguientes: transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación tecnológica.
Por la transparencia “la información sobre las decisiones y el quehacer gubernamental deben ser abiertas, completas, oportunas, gratuitas y de fácil acceso para el público. Ello supone que los datos públicos deben cumplir con parámetros y estándares comúnmente reconocidos, tales como estar disponibles en formatos brutos, susceptibles de ser procesados, que puedan ser accesibles a través de herramientas tecnológicas y de comunicación, etc.”.
Con la participación ciudadana se busca “que la ciudadanía se interese e involucre en el debate público, proveyendo los canales apropiados (aportando información y espacios de consulta) y mediante contribuciones que conduzcan a una gobernanza más efectiva, innovadora, responsable y que atienda las necesidades de la sociedad”.
La “rendición de cuentas” “supone la existencia de normativas, procedimientos y mecanismos para que los servidores públicos justifiquen sus acciones, reaccionen a requerimientos y/o críticas que se les planteen, y asuman la responsabilidad por sus actos u omisiones, o cuando se apartan de la normativa o de los compromisos asumidos”.
Finalmente, la Innovación y Tecnología plantea que “los gobiernos han aceptado y hoy se adhieren a constatar la importancia de proveer a la ciudadanía un acceso cada vez más abierto a las nuevas tecnologías, y el relevante rol que ellas tienen en la innovación, así como la importancia de estas para aumentar la capacidad de los ciudadanos en el uso que de ellas hacen”.
De estos principios, el gobierno no podrá cumplir la transparencia y la rendición de cuentas mientras no derogue la ley de secretos. Si no sabemos en qué se utilizan los fondos del denominado tazón, qué fin han tenido los bienes de los narcos, lavadores de dinero y demás, y mientras la adjudicación y administración de las APP, bajo la responsabilidad de COALIANZA, sea ocultada al público, no podrá demostrarse el cumplimiento de los postulados del “gobierno abierto”. Asimismo, si no se aclara totalmente el saqueo del IHSS, las contrataciones amañadas en el sector salud y otras instituciones.
El concepto de “Estado Abierto” no se limita al Ejecutivo, las instituciones autónomas y las municipalidades. Comprende, también, los demás poderes del Estado y los órganos extrapoderes (MP, TSC, TSE, PGR). Sin embargo, el Estado hondureño no puede denominarse “Estado Abierto”, porque en el nombramiento de los titulares de esos organismos ha prevalecido su militancia política antes que sus méritos personales, profesionales, académicos y laborales. Cuestión que tiene oportunidad de rectificar con el Fiscal General, si la Junta Proponente actúa con apego a la ley y a la ética.
En ese acto protocolario, JOH dijo que “se tiene que cuidar en no destruir nuestra institucionalidad”. Sin embargo, es su gobierno el que atenta contra la institucionalidad, porque desde el Consejo de Defensa y Seguridad, que él preside, somete a la rigurosidad de la jerarquía a los poderes del Estado, desconociendo el principio de la división de poderes, y menoscabando la independencia judicial, cuando en aquella instancia se toman decisiones que deben cumplir el Poder Judicial y el MP. Además, es su gobierno el que, con sus brutales ataques, atenta contra las organizaciones que luchan contra la corrupción. Quien lo dude que tenga presente el denominado “pacto de impunidad”, por qué se fue Jiménez Mayor y la posibilidad real de que la MACCIH desaparezca si la Sala de lo Constitucional -que ha dado muestras de desearlo- declara la inconstitucionalidad de la ley que aprueba su convenio constitutivo.
¿Será este, distinguido lector, un “Estado Abierto”?
