La ex primera dama, Rosa Elena de Lobo, durmió su primera noche en la carcel, tras la detención judicial decretada por un juez de los tribunales anticorrupcion, mientras las autoridades aseguraban algunas propiedad, que fueron del dominio publico.
A tempranas horas de este miércoles, elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) procedió al aseguramiento de varias residencias y bienes de la esposa del ex mandatario hondureño Porfirio Lobo Sosa (2010/2014).
Rosa Elena de Lobo fue capturada la mañana de este miércoles en la aldea El Chimbo, Francisco Morazán, precisamente en su casa de habitación.
En ese sentido, esta residencia de la exprimera dama fue una de las primeras aseguradas por parte de la ATIC.
En total unas nueve propiedades de “Rosita” de Lobo se aseguraron este miércoles, según una fuente del Ministerio Público.
Asimismo, se dio a conocer que los agentes del Ministerio Público, junto a fiscales, también han procedido a incautar varios terrenos a Rosa Elena de Lobo.
De la misma forma, se conoció que los agentes de la ATIC también procedieron a asegurar varios bienes de Manuel Mauricio Mora Padilla, director de la Unidad de Desarrollo Comunitario del Despacho de la exPrimera Dama.
Este último, también está acusado por los delitos que se le imputan a Elena de Lobo.
Rosa Elena de Lobo
Residencias y terrenos se aseguraron este miércoles por agentes de la ATIC.
Caso ex primera dama
Rosa Elena Bonilla de Lobo es acusada junto a otros ex funcionarios públicos por los delitos de:
Malversación de caudales públicos
Lavado de activos
Asociación ilícita
Estos delitos se le imputan por apropiarse de más 16 millones de lempiras (unos 680.000 dólares estadounidenses). También por haber creado una red de blanqueo de capitales para ocultar dinero proveniente del Estado que estaba destinado a obras sociales.
Dada la gravedad de los delitos, los tribunales en materia de corrupción emitieron la orden de captura mediante la que ordenaron el allanamiento de morada.
Asimismo, decretaron el aseguramiento de bienes con la finalidad de recuperar los caudales apropiados ilícitamente.
Entre los acusados está: Manuel Mauricio Mora Padilla, director de la Unidad de Desarrollo Comunitario del Despacho de la Primera Dama.
Según el requerimiento fiscal (en el punto tercero) que recoge las “investigaciones realizadas por agentes de investigación de la Unidad Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufeci), bajo la dirección fiscal del Ministerio Público, se desprende que esta organización delincuencial realizó sus operaciones en la zona central del país, la cual fue liderada por la señora Rosa Elena Bonilla de Lobo, quien en la función que ejerció como primera dama de la nación, durante el período comprendido del 27 de enero del 2010 al 27 de enero del 2014 era la encargada de manejar fondos públicos, los cuales destinó para múltiples actividades, entre ellas de índole personal”.
“Del análisis de los débitos de la cuenta número 001-102-50790 se han logrado identificarhasta el momento y durante el período comprendido entre el siete de octubre del 2001 al 22 de febrero del 2014 la sustracción irregular de 16,825,401.38 mediante la emisión de 35 cheques a nombre de Orvin Naun García Flores, Daryl Damián Soto Durón, Glenda Patricia Valle López, Alex Salomón Romero Fong, Daury Daniel Guerrero Ramos, Ireska Beatriz Valle Oliva, Julio Josué Galdámez Figueroa, Saúl Fernando Escobar Puerto y Rosa Elena Bonilla Ávila.
Asimismo, detalla una serie de pagos por el orden de 300 mil 261.81 lempiras en nueve cheques por distintas cantidades, a nombre de personas naturales y sociedades mercantiles, que según la investigación son gastos personales.
Consignan que “la señora acusada coordinó con un grupo de personas con las cuales llevó a cabo las actividades delictivas, información que se corroboró por las investigaciones realizadas en el presente caso, lográndose establecer que en efecto, personas naturales y jurídicas recibieron cheques sin justificación legal alguna de parte del Despacho de la Primera Dama, en vista de que no eran proveedores, contratistas, ni beneficiarios de ningún proyecto social de los que manejó el despacho”.
“Estas personas fueron contratadas por el occiso Julio Josué Galdámez Figueroa, empleado del Programa de Asignación Familiar (PRAF), adscrito al programa de Desarrollo Comunitario (Udeco), programa de ayudas sociales que dependía de la presidencia, pero ejecutado nominalmente por el Despacho de la Primera Dama, donde ejercía funciones de asistente de Manuel Mauricio Mora Padilla, cuñado de la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, quien a su vez, se desempeñó como director del Programa de Desarrollo Comunitario (Udeco)”.
“El occiso Julio Josué Galdámez Figueroa utilizaba a diversas personas a quienes contactaban a cambio de beneficio económico y previo a entregar los cheques al señor Saúl Fernando Escobar Puerto, en su condición de coordinador de los programas sociales de Udeco, firmaba contratos de entregas de zapatos y demás documentos relacionados a fin de justificar las erogaciones de dinero, quienes para cambiar los cheques que emitía la acusada de las cuentas número 001-102-50790 y 6536603 a nombre de personas que en compañía de Julio Josué Galdámez Figueroa se trasladaban a las oficinas de banco a cambiarlos y una vez obtenido el dinero en efectivo, lo entregaban al hoy occiso Julio Josué Galdámez Figueroa y a Manuel Mauricio Mora Padilla”.
Otro punto del requerimiento fiscal, señala que “Julio Josué Galdámez Figueroa fue representante legal de la empresa Inmobiliaria M&B, en la cual figura como socia la señora Waldina Lizzette Salgado Pérez, quien a su vez, es socia de la empresa Inrimar (Inmobiliaria Rivera Maradiaga), privada a la organización criminal “Los Cachiros”, donde además, se desempeñaba como secretaria”.
“Según la escritura pública de constitución de la empresa inmobiliaria M&B de fecha 11 de febrero del 2011, el ahora imputado Manuel Mauricio Mora Padilla fue comisario de dicha empresa. En el año 2014 el occiso Julio Josué Galdámez Figueroa vendió las acciones de la empresa al señor Jesús Alex Vásquez Mondragón, quien el 21 de febrero, 11 de abril y 11 de mayo recibió tres cheques por 740 mil lempiras, emitidos por la acusada…”.
Según el requerimiento fiscal, otra empresa que recibió 7,000 lempiras de la cuenta de la imputada “es la Inmobiliaria Monserrat SA de CV, adquirida posteriomente por la acusada a los señores Saúl Fernando Escobar y Perla Waleska Cáceres García. Esta última recibió el 19 de enero del 2014 un cheque por el valor 7,000 lempiras depositados en su cuenta personal el 26 de febrero del 2014. Durante el período de creación de la referida empresa hasta el momento que es vendida a la señora Rosa Elena Bonilla Ávila acumuló activos superiores a cuatro millones de lempiras”.
Según los fiscales, en el punto “Preceptos jurídicos aplicables a los delitos imputados, la conducta de la imputada Rosa Elena Bonilla Ávila es constitutiva de delito de malversación de caudales públicos, tipificado en el artículo 370 del título XIII, capítulo del Código Penal Vigente en relación al artículo 32 del Código Penal”.
ESPECIALIDAD DE LOS DELITOS IMPUTADOS
En el requerimiento contra los imputados “se le atribuye el delito de malversación de caudales públicos, regulado en el artículo 370 del Código Penal… apropiación de bienes del Estado…fundamentado en que se incorpora el patrimonio público al patrimoniopersonal…el delito de malversación es de carácter especial de funcionario”.
Justifican que “en el caso de la acusada se le había confiado en todo caso, intervino en la administración, en la percepción y custodia de fondos del Estado. La conducta de la imputada tiene relevancia penal”.
Sobre el lavado de activos, el requerimiento fiscal establece que la acusada “con la finalidad de ocultar el dinero que obtuvo como resultado de la malversación de caudales públicos, ejecutó acciones tendientes a impedir la determinación del origen, el destino o movimiento de activos provenientes de una actividad ilícita, con la finalidad de darle apariencia de legalidad tuvo la necesidad de ocultar los bienes cambiando su ubicación al proceder a transferir el dinero a terceras personas en el entendidoque sería solo una forma de ocultar o encubrir el verdadero origen de los bienes, acciones que realizaron a cambio de un pago mínimo, permitiendo que se emitieran cheques a su nombre”.
Asimismo, “la acusada con la facilitación de los acusados Manuel Mauricio Mora, Saúl Fernando Escobar Puerto y el occiso Julio Josué Galdámez, realizaron una estructuración o fraccionamiento en las presentes acciones, contactando a varios individuos para emitir cheque a sus nombres, que aisladamente no representaran una cuantía considerable, pero en su conjunto construyeran una suma importante de dinero, siendo este su modus operandi”.
Se atribuye, además el delito de asociación ilícita a los tres imputados
De acuerdo a la Ufecic esta fue la red “Caja chica de la dama”.
MODERNA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
“El lavado de dinero se enmarca en lo que se denomina moderna criminalidad organizada y en particular, lo que se conoce como delincuencia institucionalizada distinta de la delincuencia tradicional en planteamiento, forma de actuación, objetivos y fines, desarrollada a gran escala en el ámbito de actuación supranacional con todo un catálogo de múltiples actividades delictivas”, indica el requerimiento.
Señala que “la acusada se apropió de fondos públicos y sabiendo que dichos bienes procedían de una actividad delictiva, trató de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos. La señora Rosa Elena Bonilla Ávila ejerciendo su función como primera dama de la nación, recibiendo un salario de Casa de Gobierno y conociendo el funcionamiento del aparato administrativo, le permitió conocera perfección las fallas de los controles administrativos, las debilidades de la ley, en consecuencia su accionar fue el resultado de un plan preconcebido el cual consumó, en su totalidad con la participación de terceras personas, entre ellos su cuñado, Manuel Mauricio Mora Padilla, quien se desempeñó como director del Programa de Desarrollo Comunitario Udeco, que nace con el propósito de generar a la población ayudas de carácter social, sin embargo, en el caso concreto fue utilizado como fachada para que la acusada lavara el dinero que obtuvo como resultado de la apropiación de fondos públicos, a quien los testaferros localizados, con el auxilio del occiso Julio Josué Galdámez y una vez convertido el dinero a efectivo, era entregado al señor Manuel Mauricio Mora Galdámez, brindando de igual forma colaboración, el señor Saúl Fernando Escobar, quien se desempeñaba como secretario privado de la ahora acusada y era el encargado de firmar los contratos, entregas y papelería de los cheques que se emitían para trata de justificar inexistentes entregas de zapatos, formando una estructura criminal entre funcionarios y testaferros que causaron un grave perjuicio a la administración pública y economía del Estado de Honduras”.
