Por Edmundo Orellana
Catedrático universitario
La MACCIH ha denunciado un “pacto de impunidad” por la aprobación de una reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, por la que se dispone lo siguiente: ordenar al TSC investigar las liquidaciones de los fondos destinados a la ejecución de proyectos sociales presentadas por los servidores públicos, diputados y ONG, desde el año 2006 hasta el 2018; otorgar la exclusividad de la investigación, en estos casos, al TSC; prohibir las acciones penales mientras dure la investigación; conferir al TSC la potestad de otorgar “solvencias” a los investigados, con lo que quedarían fuera del alcance de los tribunales.
Lo novedoso de este decreto consiste en lo siguiente: otorgar inmunidad a los investigados durante esos tres años, con la inmovilización del MP y de la PGR mientras dure la investigación del TSC; conferir al TSC, en estos casos, la función de juzgar, pese a que la Constitución dispone que es propia y exclusiva del Poder Judicial; reconocer retroactividad a una ley administrativa, no porque la investigación se retrotrae al 2006, sino porque los investigados por irregularidades desde esa fecha, no podrán ser investigados por el MP ni juzgados por los tribunales durante esos tres años.
No se trata de un “pacto de impunidad”, como dice la Maccih. Es algo más orgánico y con más alcances, que viene construyéndose desde hace mucho, con énfasis en la gestión de la presidencia del Congreso de quien hoy ocupa irregularmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Con ese propósito se aprobó la ley que clasifica como secreta la información que determine el Consejo de Defensa y Seguridad, CDS, a la que quedan sometidas todas las entidades estatales, sin excluir materia alguna. Y más recientemente, en la aprobación del nuevo Código Penal rebajaron las penas aplicables a los delitos de corrupción.
Mucho antes, se había otorgado con carácter exclusivo al TSC la potestad de determinar la responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, incorporada en la Constitución, con el evidente propósito de atribuirle preeminencia sobre cualquier otra ley. En el caso que nos ocupa, en cambio, la reforma se contiene en una ley inferior a una ley secundaria, con vigencia de un año (concluye el 31 de diciembre); sin embargo, reforma una ley de mayor jerarquía normativa y pretende, paradójicamente, que sus efectos trasciendan (tres años hacia el futuro) la vigencia de la ley que la contiene (caduca el 31 de diciembre de este año) y, a su vez, retrotraer sus efectos al año 2006, pese a ser una ley administrativa, para favorecer a los investigados o procesados en estos casos. Es un adefesio jurídico.
Con esta reforma, por otra parte, se pone de manifiesto que el TSC no ha investigado esas liquidaciones durante esos 12 años (2006-2018) y que ni siquiera se preocupó por exigir la documentación, porque la reforma manda que toda entidad que tenga documentación sobre estos casos, la remita al TSC. En otras palabras, en su afán de protegerse, los diputados pusieron al descubierto la monumental negligencia del TSC.
La reforma es inaceptable porque atribuye funciones al TSC que, constitucionalmente, son del MP, la PGR y del Poder Judicial, es decir, es un atentado a su autonomía y a su integridad institucional. Sin embargo, en el caso conocido como “Red de Diputados”, el Tribunal renunció a los mecanismos de defensa que le ofrece la Constitución en estos casos y se sometió sumisamente a la reforma, sentando un funesto precedente en materia de independencia judicial; además, la Corte Suprema en pleno, en lugar de acompañar a la Maccih cuestionando el atropello, expresó públicamente su indignación porque esta se atrevió a denunciarlo. Están felices con la mutilación, como si fuesen masoquistas.
La Maccih, después, los exhibió, demostrando que lo aprobado no es igual a lo publicado en La Gaceta y distribuyó un vídeo en el que aparecen, en la sesión en la que se aprobó la reforma, algunos diputados y el ministro de Finanzas in fraganti, por lo que la Maccih amenaza con llevarlos a los tribunales, vanamente, porque la Corte Suprema celebra efusivamente todo lo que viene del Legislativo, especialmente, si le es lesivo.
El rostro de las autoridades de la Maccih en la conferencia de prensa expresaba claramente lo que sentían -impotentes ante el inclasificable cinismo de los corruptos hondureños- convencidos, quizá, de que nuestro país ya no tiene remedio, que los corruptos son imbatibles y que el Estado está a su servicio, mientras la sociedad observa bajo “un cielo tibio y perezoso”, abandonada a “la murmuración áulica”, “en un ambiente de tiempo viejo” en el que “la aristocracia advenediza, triunfa; el progreso material, va a paso de tortuga, y los mejores talentos, las mejores fuerzas, o escapan de la atmósfera de plomo o mueren en guerras de hermanos comiéndose el corazón uno a otro porque sean presidentes Juan o Pedro”.
El Estado hondureño ha sido, como se dice en la Honduras profunda, herrado y venteado. ¡“Por qué lo bueno (para ellos) debe seguir”!
