Por Edumndo Orellana) El COHEP oficialmente amenazó con denunciar a quien pretendiera aprovecharse de la pandemia para obtener pingües ganancias en la compra de suministros para atender a los infectados del coronavirus.
Días después el director del Hospital Escuela denunciaba a los proveedores porque estaban ofertando productos sobrevalorados. Es evidente que hizo pública la denuncia porque no confía en que sus superiores solucionen el problema.
A esta fecha, son tantas las denuncias de irregularidades en los procesos de compra, en el interior y en el exterior del país, y de tal envergadura, que ya nadie confía en que sirvan para algo los recursos aprobados en el Congreso Nacional para la emergencia.
Funcionarios y proveedores son los denunciados. Ese ha sido y será siempre el binomio necesario para confi gurar la corrupción: corruptores y corruptos.
En la contratación pública, no hay funcionario corrupto sin empresario corruptor. Se necesitan mutuamente para pactar a su benefi cio y en contra del Estado; en otras palabras, violan la ley y perjudican directamente al pueblo hondureño.
Es cierto que este es un problema endémico de nuestro sistema de salud, pero se convierte en un crimen horrendo cuando se malversan fondos públicos destinados a la emergencia provocada por la pandemia que flagela a la población mundial. Los pacientes, que ya se cuentan por cientos, deben ser atendidos sin dilación, con todos los recursos disponibles y prioritariamente. Es repugnante pensar siquiera que, en estas circunstancias, haya quien desvíe el dinero destinado a dotar de lo básico a los hospitales públicos, porque el daño irrogado al pueblo hondureño es muy superior al que se le provoca en situación de normalidad.
¿Cuántos habrán muerto porque no fueron diagnosticados a tiempo debido a que los laboratorios no tenían lo requerido? Los estragos causados son inconmensurables. Nada justifica que los recursos aprobados se diluyan en amañados procesos de compra.
Es de tal magnitud el problema que el mismo gobierno admitió su existencia y ordenó la suspensión del personal de COPECO que participó en las compras de productos sobrevalorados y el MP procedió a la investigación criminal pertinente. El problema no se agota ahí, sin embargo. El cuestionamiento es general. Se duda de todos los organismos que están participando en estos procesos de compra. Por eso, hasta la Conferencia Episcopal se une a quienes están exigiendo que se amplíe la veeduría de estos procesos con otros organismos distintos del FONAC, como CNA y FOSDEH.
También se cuestiona la dirección misma de la crisis. Es manifi esta la confusión, ignorancia y petulancia de los voceros del gobierno en este tema. Hasta el gobernante, que se caracteriza por el dominio de sí mismo en circunstancias alteradas, parece indeciso y notoriamente mal informado. Por eso, se le acusa de no contar con la asesoría profesional, tanto en suministros como en salud, por lo que la indignación popular propone que participe activamente el Colegio Médico en el manejo de la crisis.
Volviendo a la denuncia del COHEP; aun no ha cumplido su amenaza, pese al tsunami de denuncias de irregularidades de empresas (supuestamente de maletín, constituidas por familiares de altos funcionarios públicos) que participan en la rapiña de los fondos para la emergencia. No debió amenazar si no estaba decidido a cumplirla, porque callar, en estas circunstancias, favorece al falso empresario y al empresario-corruptor, perjudicando al empresario que actúa con ética.
El MP, afortunadamente, ya inició, de oficio, las investigaciones. Justo es destacar la participación de la prensa exigiendo transparencia en el manejo de los recursos y publicando las denuncias. La mayoría de los medios de comunicación priorizan y mantienen el tema en sus entregas diarias, sean escritas, radiales o televisivas. Por lo que preocupaba la pasividad del MP ante la tormenta de acusaciones que caía copiosamente, causando una sensación de impotencia general en la sociedad, que observaba desconcertada cómo las denuncias se sucedían y los voceros se defendían con argumentos extremadamente absurdos, confiados en que la expulsión de la MACCIH y desaparición de UFECIC les garantiza impunidad. De ahí, su imperturbable cinismo. Estas denuncias no tienen precedente por el descaro con el que actúan corruptores y corruptos, la rapidez con la que convinieron violar la ley y desviar los fondos y por el gravísimo daño ocasionado a la salud del hondureño.
Seguramente vendrán más denuncias, sin importar cuánto avance el MP en sus investigaciones, porque solo con una veeduría efectiva podrá prevenirse el latrocinio que está en marcha, de lo que son conscientes las redes de corrupción; por eso, se resistirán con todas sus fuerzas a que CNA Y FOSDEH intervengan como veedores. Provocación que nos motiva para decir con más fuerza que nunca: ¡BASTA YA! Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
