TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Un tribunal de Sentencias del Poder Judicial hondureño desestimó este lunes una querella interpuesta por el secretario de la Presidencia Ebal Díaz contra los periodistas Lidieth Díaz y Héctor Amador por calumnias e injurias.
La jueza unipersonal Alina Armida Aguilera Peralta no halló indicios en la denuncia interpuesta en fecha reciente por el alto funcionario, por lo que declaró la inadmisibilidad de la querella y la misma fue archivada.
Según la resolución emitida por Aguilera Peralta, «la imputación de las supuestas acciones u omisiones que estos dicen haber cometido no cumplen con los requisitos de los verbos rectores que regulan este tipo de delitos».
«…No se aprecia que estemos ante la comisión de este tipo (de delito) penal… Este ilícito requiere para su configuración de un elemento objetivo y es la imputación de un delito de los que dan a procedimientos de oficio y un elemento subjetivo conformado por el dolo, el que debe abarcar el conocimiento y la voluntad de querar calumniar a la persona», reza una parte del fallo.
En cuanto a la supuesta difamación, la jueza no vio ni expresiones de odio ni campañas emprendidas contra el colaborador del titular del Ejecutivo Juan Orlando Hernández al trasluz de los comentarios emitidos por ambos comunicadores, extremo que sirvió para archivar la causa.
Se dejó claro que en ninguno de los casos, hay «características propias para estimar que el derecho al honor ha sido vulnerado…por el contrario, en un país donde se respeta la libre expresión es válido emitir opiniones, siempre y cuando no mancillen ni laceren la dignidad de alguien…y no apreciamos que en las conversaciones entre los periodistas Lidieth Díaz y Héctor Amador no apreciamos que en las mismas se atribuya la comisión de una acción delictiva por parte de estos».
Este fallo neutraliza los intentos del controvertido funcionario de coartar la libertad de expresión, quien ha emprendido una campaña contra los críticos al régimen nacionalista que preside Hernández; el director de Radio Globo y ConfidencialHN, David Romero, permanece confinado en una unidad militar por órdenes expresas del ocupante del palacio José Cecilio del Valle, luego que revelara nexos con el narcotráfico y delincuencia organizada.
En una comparecencia brindada en marzo anterior a un diario digital, Díaz admitió que Hernández ordenó el ingreso a prisión de Romero, sin importar que un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenaba que se frenara cualquier acción judicial para analizar el caso y proporcionar medidas cautelares extraordinarias porque vio una grave vulneración a sus garantías.
