Alrededor de 625 personas fueron obligadas a salir de sus hogares mientras que otras 764 estarían en riesgo de hacerlo, entre enero y agosto de 2018, reveló hoy el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH).
Roberto Herrera Cáceres, titular del ente estatal, expresó que, en los primeros ocho meses del año, se experimentó un aumento en las denuncias al atender 558 casos, en las que se vieron involucradas unas 1389 personas, de las cuales, el 54% están en riesgo y un 46% victimas del desplazamiento forzado.
Explicó que, en 307 casos, que representan el 55%, las personas denunciaron ser víctimas de amenazas a muerte.
Otra de las causas por las que muchas personas tienen que abandonar sus comunidades es el asesinato de familiares, extorsiones, el reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes, violencia sexual y doméstica, secuestros, tentativas de homicidios y el despojo de tierras, entre otros.
El Defensor del Pueblo explicó que entre los agresores o sectores denunciados figuran miembros de maras o pandillas, el crimen organizado, delincuencia común, narcotráfico, bandas criminales e incluso miembros de la policía y que, en más de un centenar de casos, los actores no fueron identificados por las víctimas.
El ombudsman hondureño declaró que el desplazamiento forzado interno se constituye en una violación a los derechos humanos ya que el Estado no toma las previsiones necesarias para prevenirlo y evitarlo.
Agregó que el Estado tiene la obligación de acompañar a las personas víctimas del desplazamiento forzado para asegurarles condiciones básicas de vida y de seguridad al lugar donde se trasladan.
Reiteró que en las denuncias o quejas atendidas en el CONADEH se constató que hay un número de desplazamientos forzados que va en aumento ya que en el 2017 se atendió un promedio mensual de 57 denuncias mientras que, en los primeros ocho meses del 2018, se incrementó a 70 mensuales.
Indicó que lo fundamental es evitarlo, ya que el desplazamiento forzado, afecta no solo el derecho a la educación de los niños que acompañan en estos desplazamientos, sino que limita a las víctimas a desempeñar proyectos de vida en su propia comunidad.
En junio de 2018, el CONADEH y ACNUR presentaron un informe que entre otros hallazgos reveló que, en el 2017, la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del ente estatal hondureño de derechos humanos atendió 688 denuncias en las que se involucraba como víctimas a 1,424 personas, de las cuales en el 49% se concretó en desplazamiento forzado por la violencia.
