E
l Departamento de Justicia pondrá en marcha a partir de octubre nuevas cuotas para agilizar las deportaciones y reducir la montaña de más de 600,000 casos atascados en los tribunales de Inmigración, que además condicionarán las evaluaciones positivas de los jueces a que despejen, cada uno, un mínimo de 700 casos al año.
La Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria (EOIR), de la que dependen los tribunales de Inmigración, explicó que los cambios entrarán en vigor el próximo 1 de octubre, en el marco de un nuevo “Plan de Evaluación Laboral” (“Performance Work Plan”) para exigir “rendición de cuentas” a los jueces, según un documento al que tuvo acceso este diario.
Para que los jueces reciban una calificación “satisfactoria”, tendrán que resolver al menos 700 casos al año, con el objetivo de agilizar la resolución de los más de 600,000 casos pendientes en los tribunales y que, debido a escasez de recursos, a veces toman años.
También deberá reducirse a menos del 15% el número de casos trasladados a otras cortes, y demostrarse “uso apropiado de tecnología” en los tribunales.
Además deben lograr un estatus de “satisfactorio” en al menos la mitad de seis “hitos” establecidos para la gestión de casos. En el 85% de los casos de deportación de personas detenidas, por ejemplo, los jueces tendrán tres días entre la audiencia sobre los méritos hasta la resolución del caso, y para personas no detenidas, el plazo sería de diez días, según indicó el documento.
Los jueces que resuelvan más de 560 casos al año pero menos de 700 entrarían en la categoría de “necesita mejoras”, mientras que EOIR calificaría de “deficientes” a los que resuelvan menos de 560 casos al año.
“El uso de medidas para evaluar la actuación (de un juez) no es nuevo ni único en EOIR. El propósito de implementarlas es alentar la eficiente gestión de casos mientras se preserva la discreción de los jueces de inmigración y el debido proceso. Confío en que ustedes llenarán y sobrepasarán nuestras altas expectativas”, dijo James McHenry, director de EOIR.
Según el documento de tres páginas, EOIR de todas maneras daría a los jueces de inmigración la oportunidad de ofrecer comentarios sobre su propia evaluación antes de recibir una calificación inferior a “satisfactoria”. La EOIR prevé tener listo a lo largo de abril un “tablero” u hoja con las distintas áreas y medidas que se tomarán en cuenta para la evaluación de los jueces.
“El propósito de anunciar estas medidas ahora es darles la oportunidad de que se familiaricen con ellas y con el tablero de evaluación, cuando esté disponible. El 1 de octubre de 2018, la Agencia prevé comenzar a revisar las evaluaciones de los jueces de Inmigración con apego a las nuevas medidas”, dijo McHenry.
Jeremy McKinney, secretario de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), se quejó de que la Administración esté tratando de debilitar el ya “fallido” sistema de tribunales –que con demasiada frecuencia priva a los inmigrantes de la justicia en sus casos-, en vez de corregir sus problemas estructurales.
“Estas cuotas sin precedente son tan onerosas que muchos jueces agilizarán la resolución de casos para proteger sus puestos. Las decisiones en los tribunales de inmigración tienen consecuencias de vida o muerte y no deben manejarse como si fuese una línea de ensamblaje”, advirtió McKinney.
