Lo son, sin duda. Actuaron con notoria irresponsabilidad desde el inicio de la crisis, cuando, ignorando las alertas internacionales, autorizaron días festivos, alentando a la población a compartir masivamente playas y demás lugares de recreo.
Alegaron que no podían suspender la festividad de Semana Santa porque los propietarios de negocios habían invertido mucho, preparándose para atender los turistas. Hasta que el virus atacó con ferocidad se tomaron medidas. Y las que tomaron para prevenirlo demostraron su escasa preparación para atender crisis sanitarias.
Las compras para atender la pandemia revelaron su negligencia extrema. Despreciaron todos los recaudos razonables en los procesos de adjudicación, apremiando a los ejecutores para que adquiriesen bienes, comprometiendo miles de millones de lempiras, sin importar las leyes y las reglas elementales de sana y buena administración. El proceso de adjudicación de los hospitales móviles es producto de esa locura.
La recepción de estos hospitales es otra prueba del desorden gubernamental. El contrato de compra es “llave en mano”, es, pues, un contrato de obra pública, no de suministro; por consiguiente, es responsabilidad del contratista entregar los hospitales funcionando. Sin embargo, las autoridades hondureñas asumieron alegremente las obligaciones del proveedor, realizando las actividades necesarias para ponerlos en funcionamiento. De los siete, solo uno funciona y deficientemente, después de un año de su adquisición.
Otros contratos de compra de insumos para atender la pandemia están bajo investigación. Sin embargo, todo indica que los recursos destinados para estas operaciones no serán recuperados, igual que no lo fueron los sustraídos del IHSS, caso en el que, por cierto, los responsables están siendo favorecidos con sentencias absolutorias, lo que anticipa el tratamiento que recibirán los supuestos responsables de estos procesos de adquisición y recepción de los hospitales móviles, así como en los otros casos.
La adquisición de vacunas es ejemplo de la irresponsabilidad extrema. Hubo oportunidad para adquirir la vacuna a tiempo, pero el gobierno actúo, como siempre, con manifiesta indolencia. Prueba de ello es que no participó en la compra de vacunas realizada por el IHSS, y pretendió amortiguar los efectos de esta negligencia criminal con las cinco mil dosis que regaló Netanyahu. La negociación con Rusia parece dar resultados, pero, como siempre, ahora resulta que el contrato de adquisición de las vacunas está bajo sospecha de corrupción por una cláusula que impide conocer detalles del mismo. Sospecha que nace de la desconfianza que del gobierno tiene el pueblo.
Y esto ocurre en el marco de un proceso de privatización de la salud pública y de la seguridad social que ha agravado la crisis. Una de las enseñanzas de la pandemia es que la prestación de estos servicios debe ser responsabilidad del Estado no de la empresa privada, cuya participación debe ser complementaria y debidamente supervisada. Sin embargo, el gobierno no da señales de revertir el proceso de privatización.
Corrupción y privatización, que no son lo mismo, tienen el mismo efecto. En ambos fenómenos el afectado es el pueblo. Con la corrupción se torna ineficiente la prestación del servicio; con la privatización se encarece. Se calcula en millones de lempiras la atención de un paciente en las unidades de cuidados intensivos de hospitales privados. Solo con los seguros médico hospitalarios accesibles en el mercado se puede enfrentar medianamente semejante atropello; sin embargo, la mayoría de los hondureños no puede adquirirlos. No obstante, los pocos cupos en las UCI es una condena de muerte.
Son indiferentes a la súplica del personal de salud que vive a diario la tragedia en los hospitales, en el sentido de que aumenten los centros de triaje y dicten medidas sociales de contención del virus. Es más, se cierran centros de triaje por falta de recursos financieros, mientras se destinan millones para contratar oficinas de lobby en Washington para elevar la imagen del gobernante ante la Casa Blanca. La oposición, sin embargo, se desgarra entre sí y calla ante estos atropellos del gobernante.
Mientras vivimos este infierno, los gobiernos de El Salvador y de Nicaragua vacunan masivamente a su población, cada uno con su estilo. Fueron precavidos y ahí están los resultados. Aquí, por el contrario, lo manifiesto es el desprecio al pueblo.
Es indiscutible: nuestra realidad no es comparable con ninguna otra en la región y amenaza con tornarse en una tragedia de proporciones bíblicas, consecuencia de las políticas neoliberales, la corrupción sin precedentes de las últimas décadas y el abandono de sus responsabilidades por los convencidos de que su futuro está ligado indisolublemente con los tribunales federales gringos. Digamos, pues, con fuerza: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
