Por Edmundo Orellana
Para la renovación del convenio constitutivo de la MACCIH, el gobierno exige que esta sea sometida a evaluación.
¿Qué se evaluará? ¿La relación entre la Secretaría General de la OEA y MACCIH? No, por supuesto. Porque esto sería evaluar a Almagro y, seguramente, saldrían a la luz sus desatinos en el manejo de esta relación, denunciados por los expertos que decidieron renunciar cuando destituyó al doctor Jiménez Mayor, cediendo a presiones del gobierno.
Lo que se evaluará es la pertinencia de MACCIH desde la perspectiva del gobierno, no de la OEA ni del pueblo hondureño. La OEA está fuera de esta cuestión, porque es un tema que directamente maneja Almagro y sus incondicionales, quienes, desde ya, están asegurando los votos que necesitará Almagro el próximo año para su reelección en la Secretaría General. Y los líderes políticos hondureños están de espaldas a este asunto, afanados en pelear chambas en los nuevos (¿nuevos?) organismos electorales, como también lo están la mayoría de los dirigentes sociales, preocupados por resolver sus propios problemas.
En esta evaluación prevalecerá, entonces, la perspectiva del gobierno. ¿Cuál es esta perspectiva? Tratemos de descubrirla, estimado lector. La evaluación la está exigiendo el gobierno más cuestionado de la historia por los escándalos de corrupción que provocaron que el pueblo se tomara las calles y reclamara la presencia de la MACCIH, que, en poco tiempo, constituyó un binomio (MACCIH-UFECIC) que investigó y acusó a altos funcionarios públicos por corrupción.
La exige el gobierno, cuyo titular se postuló violando la Constitución, se alzó con la victoria fraudulentamente y a cuya investidura, carente de legitimidad, ningún dignatario asistió, celebrada en un ambiente de violencia desatada para defender el fraude, reprimiendo la indignación popular y amenazando con cárcel a quien ejerciera las libertades de pensamiento y de expresión.
La exige el gobierno señalado por destinar, en cantidades millonarias, recursos para la campaña electoral, desde su primer período, afectando programas y proyectos de salud y de otros rubros, cuya postración criminal ha provocado muertes y daños irreparables en la salud de miles de hondureños.
Exige la evaluación, el gobierno acusado de corrupción por Trump y cuyo titular es despreciado por otros gobernantes, como Bukele, quien anunció al mundo que excluía de su toma de posesión a los presidentes corruptos y dictatoriales de Honduras, Nicaragua y Venezuela.
La exige, el gobierno cuyo líder no pasa de los jardines de Casa Blanca, reunido con funcionarios de segunda categoría, porque Trump se niega a recibirlo. Y siendo que no se distingue, ciertamente, por sus cualidades diplomáticas, se lo hace saber nombrando encargado de negocios, no embajador.
Tratamiento que encuentra explicación en las acusaciones de Trump al gobierno de ser el principal responsable, por la corrupción, de las caravanas de hondureños que huyen de territorio nacional, y en lo que se sustenta aquel desquiciado para obligar a México, país que históricamente ha sido el refugio seguro de los perseguidos por gobiernos extranjeros, a convertirse, junto con Guatemala, en verdugo de los migrantes hondureños.
La exige el gobierno cuyos cuerpos de inteligencia fueron incapaces de detectar que personas cercanas al gobernante eran, según los fiscales federales gringos, “narcotraficantes a gran escala”, desde 2004, y que otros funcionarios, aún activos en su gobierno, son investigados, en aquel país, por sus conexiones con capos de la droga acusados en sede judicial federal gringa.
La exige el gobierno que ha hecho lo que tiene que hacer, y hasta lo imposible, para evitar que el binomio MACCIH-UFECIC investigue y acuse criminalmente a los funcionarios corruptos, dictando órdenes, emitiendo leyes y profiriendo sentencias para desmontar la institucionalidad creada a iniciativa de MACCIH para combatir la impunidad en corrupción.
La exige, finalmente, el gobierno que más ha pervertido la función pública y el sistema de justicia, y el que más ha deformado la imagen del país en el exterior.
El régimen no tiene autoridad moral para exigir evaluación alguna. Lo que realmente pretende es despojar a la MACCIH, con la complicidad de Almagro, de todo lo que incomoda a la red de corrupción que ha capturado la institucionalidad estatal, para fortalecer el sistema de impunidad. Infame pretensión que nos motiva para elevar con más fuerza nuestra voz y decir sin vacilaciones: ¡basta ya!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡basta ya!?
