Edmundo Orellana
Catedrático universitario
La situación en los sectores de salud y educación desborda todo lo imaginable. En los hospitales falta de todo, médicos, medicinas y equipo médico, y la función se presta, en la mayoría de los casos, en pésimas instalaciones.
Los centros escolares están en mala situación física y muchos, carecen de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado. En pésimas condiciones se perfila la imagen de la Honduras del mañana.
En este ambiente caótico, los enfermos y los niños son los que más sufren. Los pacientes mueren y los niños se ausentan de clases.
Siempre ha sido así, pero ahora es peor. Porque el dinero que se podría destinar para atender estas necesidades, ahora lo destinan para otras cosas, como comprar un avión para el gobernante y satisfacer otros costosos caprichitos suyos, pertrechar a la Policía Militar para que parezca del primer mundo y construir proyectos faraónicos.
A esto agréguese la corrupción, obra, según lo descubierto por el binomio MACCIH-UFECIC, de una red de corrupción en la que participan funcionarios, políticos, empresarios, gremios, Ong y hasta iglesias. Nadie conoce con exactitud lo malversado por estas redes, pero va más allá de lo que podamos imaginarnos.
Y, desde luego, no podemos excluir la negligencia burocrática, responsable del fracaso de los programas y proyectos en todo el sector público. El presupuesto, ciertamente, se escurre entre las rendijas de la irresponsabilidad gubernamental.
En estas condiciones, el gobierno acepta, por imposición del FMI, entre otras cosas, reestructurar los sectores de salud y educación, entendiendo por reestructuración el despido masivo de médicos, auxiliares, docentes y personal administrativo. El gobierno justifica este atentado a la estabilidad laboral alegando que busca mejorar la calidad del servidor público en esos sectores, porque sustituirán los despedidos con personal idóneo, reclutado mediante concurso público.
Absurda justificación. Porque, entendemos, que los médicos y los maestros son reclutados, desde hace mucho, mediante concursos públicos. ¿Qué tienen, entonces, esos nuevos concursos públicos que no tengan los anteriores?
También habrá que considerar el tema de las indemnizaciones laborales. El personal cancelado tiene derecho a las prestaciones que prevén las leyes vigentes. Serán miles los despedidos y por ello deben contar con los recursos suficientes para honrar esas obligaciones laborales millonarias (cientos o miles de millones de lempiras). ¿De dónde obtendrán esos recursos? Siendo que es una medida emergente y, por ende, no prevista en el presupuesto, tendrán que tomar esos recursos de programas y proyectos aprobados dentro del respectivo sector; en otras palabras, desviarán recursos necesarios para satisfacer necesidades en salud y educación para cumplir con el caprichito del FMI.
Ante este peligro reaccionan el gremio médico y los docentes con movilizaciones masivas. Están defendiendo su estabilidad laboral y la seguridad económica de sus familias. Si lo hacen con estos sectores, que por su cantidad y capacidad de movilización son potencialmente peligrosos para la estabilidad del gobierno, ¿qué no pueden hacer con los demás empleados del sector público?
Con la movilización de estos sectores, acompañada de paralización de hospitales y escuelas, así como de tomas intermitentes de calles y carreteras, la indignación popular se convierte en un factor peligroso para la estabilización del gobierno, que, por respuesta, se aferra tercamente a los decretos ejecutivos de la “reestructuración”, amenaza con despedir a quienes se sumen a la movilización (videos subidos a la web lo prueban) y ordena a la Policía Militar, a disposición del gobernante, reprimir, con las técnicas de siempre, a los manifestantes. Recurren hasta la manipulación de la justicia, que sin embargo, ha demostrado no seguir, en todos los casos, la orden ejecutiva, como los de Guapinol y del líder de los indignados en Choluteca; ciudad que, ciertamente, se ha convertido en la principal abanderada de la indignación popular en el país.
El país es un caos. ¿En qué cabeza cabe suponer que los trabajadores de la salud y educación, históricamente combativos, aceptarían despidos masivos? El gobierno, y solo el gobierno, es el responsable de la indignación popular que tiene paralizado el país con masivas y continuas movilizaciones. ¿Y la oposición? Indiferente ante la movilización de la indignación popular, se prepara para las elecciones, peleándose por la representación en los organismos electorales. En otras palabras, se prepara para legitimar el fraude electoral que permitió la suplantación de la voluntad popular y la usurpación del poder.
Y usted, distinguido lector, ¿qué opina?
