Edmundo Orellana
Catedrático universitario
Se reactivó pese a que la intervención del binomio MACCIH-Ufecic puso al descubierto irregularidades en su manejo, luego de que se comprobara que durante 12 años no fue auditado oficialmente, lo que motivó al Congreso para reasignar estos recursos para mejorar el sueldo de los diputados.
Con excepción de la bancada del Pinu, un liberal y uno de Libre, los demás diputados votaron a favor de reactivar el Fondo Social Departamental, FSD. Lo hicieron sin consultarle a Finanzas, cuya titular ha reaccionado cuestionando la decisión porque disparará el, ya super elevado, déficit presupuestario.
Durante ocho años, una sola persona decidió sobre su manejo. Cuatro años en el Congreso y cuatro en la Casa Presidencial, hasta que la Ufecic interviene acusando a un grupo de diputados por el manejo de recursos provenientes de ese fondo, cuando el Congreso decide congelarlo. Ese mismo Congreso, pasado el susto, decide resucitarlo, pero bajo el control directo del diputado-presidente.
En respuesta a los cuestionamientos, las bancadas de la oposición sostienen que el acuerdo consiste en que, si no se regula la transparencia y rendición de cuentas en su uso, ese fondo no operará. Esto, sin embargo, no evitará desvíos, por la debilidad de los controles preventivos.
Ese no es el único problema del FSD. No consultarle a Finanzas es un grave atentado contra la estabilidad presupuestaria. No pueden, sin que esta secretaría de Estado opine, tomar una decisión que provocará semejante desorden en la ejecución presupuestaria.
Aprobar la resurrección de ese fondo sin cambiar las reglas sobre quién decide sobre el mismo, es otro grave error de los “honorables”, porque dejaron las reglas que históricamente lo han regulado. Según lo aprobado, el diputado-presidente seguirá decidiendo discrecionalmente sobre el mismo. Nadie intentó, siquiera, introducir cambios para que las bancadas participasen de esas decisiones. Y después acusan a la presidencia del Congreso de “dictadura”, cuando son los diputados, en su conjunto, quienes deciden, “libre y espontáneamente”, cederle sus propias atribuciones, convirtiendo al diputado-presidente en un “dictador”.
La posibilidad de que el diputado pueda disponer de recursos financieros para entregarlos directamente a sus electores para financiar programas y proyectos es otro problema y de graves consecuencias. En primer lugar, porque, como bien dice la ministra de Finanzas, los diputados, además de legisladores, se puede admitir, por los precedentes, que operen como “gestores” de proyectos, pero no de “ejecutores” de estos, distrayendo su labor fundamental de dotar de leyes de calidad al país. En segundo lugar, porque degrada aún más la ya deteriorada democracia hondureña, puesto que coloca al diputado en una posición privilegiada frente a quienes aspiren a contender con ellos en las próximas elecciones, porque no participará en igualdad de condiciones, habida cuenta que el diputado dispondrá de recursos públicos, adicionales a la deuda política y a los suyos, durante los cuatro años de su mandato, para asegurar el voto del electorado.
Está, pues, reñida con la ética política la aprobación de ese fondo, que, por otra parte, es innecesario, porque los diputados tienen, en dos etapas del proceso de aprobación del presupuesto, la oportunidad de incorporar en este cuanto programa y proyecto se les ocurra, cuando es dictaminado y cuando, previo a su aprobación, es discutido.
En conclusión, no hay dinero para ese fondo, como advierte Finanzas, su existencia conspira contra nuestra frágil democracia, fomenta la codicia y consolida la dictadura de la presidencia del Congreso. Y en todo ello, participaron los partidos Nacional, Liberal y Libre, con algunas excepciones en estos dos últimos. No hay tal, pues, de que los nuevos partidos y diputados son diferentes a los tradicionales y que los letales efectos del régimen bipartidista desaparecieron con el advenimiento de nuevas fuerzas políticas importantes, porque estos mortíferos efectos siguen flagelando al pueblo, solo que ahora dentro de un régimen de tres partidos.
Mientras esto ocurre, el pueblo hostigado por el hambre y amenazado por las organizaciones criminales, huye desesperado hacia donde, ingenuamente, espera resolver su problema personal y familiar. No es difícil entonces, identificar, distinguido lector, al verdadero responsable de la tragedia humanitaria que vive el país.
