Edmundo Orellana
Catedrático universitario
Las acusaciones de Trump no deben tomarse a la ligera. Cuando se encapricha con un tema no lo deja hasta que logra lo que quiere.
Acusar de ladrones a los gobiernos del Triángulo Norte no es cosa de poca monta, cuando quien acusa es el presidente de los Estados Unidos, cuya audiencia comprende el mundo entero, al que influye, directa o indirectamente, y, especialmente, porque la profiere en ocasión del éxodo de miles de hondureños que huyen de la inseguridad, la falta de empleo, la pobreza, los déficits en salud, educación, etc., y los alarmantes indicadores, que ofrecen una descarnada descripción de nuestra realidad, contenidos en los informes de los organismos internacionales que circulan sobre Honduras, especialmente el de que somos el país más pobre de América Latina. No es difícil adivinar hacia dónde se orienta la opinión pública mundial después de asociar esas acusaciones con esos indicadores.
El país, efectivamente, es un caos. Nada funciona, especialmente la seguridad, por lo que la vida y la integridad física de las personas están continuamente amenazadas. La extradición de los capos de la droga y sus asociados, que, por cierto, tenían una gran influencia en el Estado (quien lo dude que repare en el heterogéneo conjunto de personajes extraditados, entre los que figuran prominentes políticos, empresarios y oficiales de policías de alto rango), no se ha traducido en mejores condiciones de seguridad, porque sigue circulando la droga, continúan las maras haciendo su agosto, particularmente en la extorsión, y las masacres siguen siendo noticia.
La debilidad en el sistema de justicia provocó que viniese la MACCIH, cuya labor se traduce en cualitativos avances en el MP, con la UFECIC, y en el Poder Judicial, con los juzgados anticorrupción y antiextorsión. Sin embargo, la corrupción y la impunidad conspiran sistemáticamente en su contra, vía el mismo sistema de justicia formal, pretendiendo destruir la débil institucionalidad construida bajo sus auspicios, provocando entre la población altos niveles de frustración.
Los empresarios se quejan de la falta de políticas que estimulen la inversión, de la inseguridad jurídica y de la persecución fiscal. Si los empresarios nacionales se quejan cómo piensan animar a los extranjeros a venir a invertir en un país en estas condiciones.
El gobierno está en una situación muy comprometida, ciertamente. No tiene la legitimidad de su pueblo, no tiene el apoyo de importantes líderes de su partido, no tiene recursos financieros para sostenerse y está acusado de corrupción por el presidente de Estados Unidos. En la historia del país no ha habido un gobierno más cuestionado que este y ni siquiera tiene un año de duración.
Pese a esta precaria situación, el gobierno tiene segura su sobrevivencia. Está garantizada por una oposición débil, dividida, opaca y de escasa visión. Ningún partido de oposición está en condiciones de asumir el liderazgo para conducirla por senderos que permitan encontrar soluciones a la crisis. Ningún líder tiene la capacidad de superar las divisiones de la oposición, reconduciendo sus acciones y aglutinándola bajo su liderazgo. No existe, por ahora, la posibilidad de una alianza opositora que aproveche las circunstancias y ofrezca una salida a la crisis.
Esos líderes de la oposición, en cambio, son muy eficientes descalificándose entre sí, aislándose, distanciándose, refugiándose en trincheras de un radicalismo trasnochado; o bien, aceptando las migajas que el gobierno les lanza o pactando cogobiernos institucionales que profundizan la desconfianza en las instituciones, convirtiéndose en cómplices de lo que dicen combatir.
Mientras el pueblo huye de este infierno y el gobierno es golpeado severamente por Trump por alimentar las llamas de la infernal caldera, la oposición convoca a marchas para gritar “fuera JOH” (no reparan que, de irse, lo sustituirá un designado o el presidente del Congreso) y exigir elecciones anticipadas (disparatada propuesta porque el ordenamiento jurídico no prevé anticipar elecciones), pero también convoca a sus mejores talentos y pone a disposición sus mejores recursos para promover un plebiscito preguntándole al electorado si quiere o no quiere reelección.
Nada de esto resolverá la crisis porque ninguna de estas medidas erradicará el verdadero problema, trabajito que prefieren dejar a Trump, esperando que en la famosa lista que el Departamento de Defensa remita al Congreso gringo, se encuentren los que acusó y les aplique la Ley Magnitsky. ¡Esa es la oposición hondureña!
