Marlin Oscar Ávila
Un sistema, con sus programas estratégicos para el desarrollo, se consideraría exitoso sí los indicadores sociales y económicos generales mejoran, es decir, son superiores a los de años anteriores. Si su pueblo los tolera, fortalece y fomenta. De lo contrario, son un fracaso, demostrando el pueblo su disgusto con movilizaciones constantes.
Hasta donde podemos observar, en los países latinoamericanos, uno de los países que está presentando anualmente resultados positivos y significativos en lo social y económico, es Bolivia. No nos referimos al conocido índice de crecimiento general sobre el PIB, y los indicadores de inversiones industriales e intercambio comercial globales, pero a la calidad de vida de la ciudadanía.
Según el PNUD quien utiliza tres variables para definir el índice de desarrollo humano:
1) la esperanza de vida al nacer, 2) el nivel de alfabetización adulta y nivel de estudios alcanzado; y, 3) el producto interno bruto por persona y su acceso a recursos económicos, calificando de 1 a 0, siendo éste 0 la más baja y 1 la más alta.
PNUD clasifica así tres categorías de países: Los países con IDH muy alto; los países con IDH alto; los que tienen IDH medio y, los con IDH bajo. En grado muy alto, se enlista a Chile, Argentina y Uruguay. En grado alto, la lista está encabezada por Costa Rica, Panamá y Cuba; el grado medio lo encabeza Bolivia, El Salvador y Nicaragua, terminando la lista con Haití con la categoría de IDH bajo.
Esta clasificación nos puede ayudar a comparar los países un tanto académicamente, pero debemos incluir una mirada sobre su desarrollo político también. No sorprendería a nadie prever una caída en el IDH en el caso de Argentina, por las políticas económicas implementadas últimamente por su gobierno, además de las permanentes movilizaciones de su ciudadanía protestando. El crecimiento sin precedentes de su deuda externa, los recortes de los servicios públicos y el creciente desempleo, hace ver esa probable caída.
El caso de Costa Rica, es menos grave, pero, su situación es de un alto riesgo. Ya está publicada la última encuesta de hogares de julio del presente año, se confirma un aumento de 1.1% en la pobreza y de la extrema pobreza en 0.6% entre el 2017 y 2018. Si las amenazas de implementar medidas impopulares, es decir, en contra de las mayorías sociales, se ejecutan, es muy probable que Costa Rica, caiga más debajo de la escala establecida por el PNUD, el próximo año.
Los demás países centroamericanos están en peores condiciones de vida, no solamente por las medidas neoliberales implementadas por sus gobernantes durante el último quinquenio, pero por el crecimiento de la corrupción y la impunidad de sus gobernantes. Es en el caso salvadoreño donde su actual gobierno se ha librado de acusaciones públicas de alta corrupción.
La imposición de círculos mafiosos dentro de los gobiernos, con altos niveles de nepotismo y corrupción, así como de sus vínculos con el crimen organizado, hacen que sus pueblos se dispongan a organizar caravanas masivas de migrantes en busca de mejores condiciones de vida. Son pueblos que dejaron de creer en los discursos vacíos de la clase política. Pueblos que están viviendo los resultados de políticas neoliberales donde si no hay negocio, no se invierte en los servicios públicos esenciales. Honduras encabeza a estos gobiernos del área centroamericana, donde queda muy poco por concesionar y licitar, como recursos y servicios que antes le servían al pueblo empobrecido. Durante los últimos ocho años, su pueblo ha aprendido a sobrevivir con miedo y terror. Los carteles de la droga, del tráfico humano, el negocio del sicariato, del soborno, la extorsión
, de las pandillas en complicidad con autoridades, etc., hicieron de este país un paraíso centroamericano para la delincuencia. No solamente han coexistido con las autoridades locales, pero con las agencias de los EUA, quienes, desde el golpe de Estado en 2009, han convertido a este país en su aliado estratégico, para experimentar todo tipo de negocio sin obedecer un marco jurídico alguno. Desde luego, históricamente Honduras ha cumplido los dictados de Washington, pero entre 2007 y 2009, ese pueblo tuvo la esperanza de ver una luz de su autonomía y soberanía. Algo intolerable para el imperio yanqui.
Después de ocho años de protestas, demandas y esperanzas, el pueblo catracho se ha dado por vencido. Con más de un 63% de pobreza (6 millones de personas), un 80% de empleo precario y sub empleo arriba del 50%, el pueblo está convencido que no hay medio lícito y “democrático” que permita rescatar un sistema de gobierno y de institucionalidad democrática que priorice a su pueblo. Dejando alrededor de 25 mil víctimas asesinadas, muchos presos políticos y muchas personas con daños laterales, dejando sus barrios abnegados de inseguridad social, de instituciones cadavéricas y altos niveles de desempleo formal, mejor se va. Su emigración es un hecho, aunque sea con pocos Lempiras en su bolsillo, dejando atrás a seres queridos y amistades, se ha dispuesto a tomar la última medida de salvación para cualquier ser humano: abandonar su propia patria, la tierra que le vio nacer y donde tuvo sembrada sus esperanzas de vida.
