Por Yerling Aguilera
Alguien del exterior me preguntaba si ¿la gente que se moviliza está en contra del FSLN o del gobierno dirigido por Daniel Ortega? Esa pregunta me pareció un punto de partida muy importante a la hora de situar las protestas, sobre todo para desmentir la idea que ha sido difundida por el gobierno.
Este ha señalado que las movilizaciones populares son financiadas por la derecha y por EEUU. Nada más prepotente y errático que alejarse de las demandas reales de la población movilizada, tratando de diluir su malestar en el ya gastado argumento que todo descontento emergido en el seno de los gobiernos supuestamente progresistas, es empujado por el financiamiento estadounidense o las estructuras partidarias locales más conservadoras y derechistas. Con esto no descarto que en las movilizaciones en otros países de la región, si hay actores como los que mencionaba anteriormente.Pero en el contexto nicaragüense, que el gobierno afirme que las movilizaciones en Nicaragua son financiadas por la derecha y EEUU, sería asumir indirectamente que este gobierno es de izquierda, alusión que sonrojaría hasta al progresista más moderado. Este gobierno no es de izquierda, ni detrás de las marchas está la derecha, ni EEUU.
Las movilizaciones han sido alimentadas por la espontaneidad que se despliega cuando la gente percibe directamente las injusticias en su entorno inmediato llevadas a cabo por el gobierno. Esto incluye la violencia desmedida operada por estructuras como la Policía Nacional y fuerzas de choques contratados como sicarios por el gobierno, las cuales actúan con total impunidad y con la complicidad de la Policía Nacional.
El malestar social que se ha acumulado desde hace más de una década del retorno al poder por parte de Daniel Ortega y que ha sido neutralizada y silenciada por la represión, el miedo, la impunidad legal y otras manifestaciones dictatoriales que implican el control de todos los poderes e instituciones del Estado. Sin embargo, ese malestar se ha roto a través de en un estallido social que igualmente rechaza el tutelaje de los partidos tradicionales y de cualquier otra organización política que moralmente sea permeable por los intereses de los poderes dominantes y no las del pueblo.
Las protestas sociales han sido criminalizadas por ser violentas y desestabilizadoras por un gobierno que paradójicamente nació de la violencia popular y revolucionaria, de la lucha armada que se extendió por 18 años hasta el triunfo de la revolución sandinista. Lamentablemente este gobierno ha sacrificado su propia génesis para defender su permanencia en el poder, pero también ha secuestrado la ideología revolucionaria del FSLN con la que tomó por asalto los cielos del poder.
Sin embargo, algo que se ha reivindicado desde las calles, es el sentido revolucionario que se ha salvado del abismo utilitarista del gobierno. Las canciones de protestas que se entonan a todo pulmón como la de “vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía…” o “El pueblo unido, jamás será vencido” junto a otro repertorio de simbologías, permiten entrever que muchos de las y los movilizados, no es necesariamente en contra del FSLN que están, sino de la forma dictatorial con la que se ha conducido el poder personalista encabezado por Ortega, en el terreno de lo simbólico se registra la primera victoria de los protestantes.
El gobierno al sostener que las movilizaciones populares son sostenidas y financiadas por la derecha nicaragüense y EEUU, también niega la solidaridad con la que el pueblo nicaragüense ha apoyado a los actores movilizados, principalmente los estudiantes, niega también nuestra historia revolucionaria. La lucha se ha sostenido principalmente por toda la solidaridad que se ha movilizado desde los barrios más pobres de Nicaragua en suministros de medicina y comida para los protestantes.
Hay que situar también que muchos de los problemas en contra de los que se moviliza la ciudadanía, son males de corte estructural que hay que situar y nombrar en estas movilizaciones, sobre todo para evitar que sean relegados a los cambios cosméticos que perpetúan el capitalismo al que le ha dado continuidad el gobierno actual.
Parte de los problemas a los que este gobierno no ha abierto canales para el dialogo y que ya han sido abordados en análisis desde una perspectiva crítica de izquierda. Por ejemplo, la posible construcción de un canal interoceánico en alianza con el capital chino que ha derivado en represiones a las movilizaciones campesinas que se oponen al proyecto por no habérseles consultado, la actividad minera extractiva siempre al margen de la consulta popular, las dinámicas de concentración de tierras, la corrupción a nivel gubernamental, las recientes reformas al seguro social y un largo rosario de problemáticas a las cuales el gobierno ha recetado represión y secretismo, anulando la participación ciudadana.
El rechazo a todas estas medidas que se han venido ejecutando desde el gobierno han sido un movilizador común, identificando como adversario al gobierno que ha perdido legitimidad frente a las demandas populares y su actuar represivo. Esto sin perder de perspectiva que muchas de las problemáticas que actualmente tenemos, son una herencia estructural de los gobiernos anteriores, pero que al final de cuentas el gobierno actual ha terminado de consolidar.
