Edmundo Orellana
Catedrático universitario
La acusación, captura y reclusión de la exprimera dama era inevitable por la gravedad de los hechos imputados. Tres entidades (MACCIH, CNA y MP) coinciden en que hubo delito y que ella está entre los supuestos responsables.
Esta causa, sin embargo, tiene un matiz especial que es necesario destacar. Ocurre en medio de un escándalo de proporciones gigantescas provocado por la aprobación del Decreto de la Impunidad, en el que se amparan aquellos diputados que se apropiaron ilegalmente de los subsidios que recibieron para ayudar a quienes votaron por ellos. Evidentemente, la noticia de la acusación contra la exprimera dama, por la importancia de la imputada, captura la atención y reconduce el debate público. Es una causa que parece convenir a todos, tanto a los combatientes contra la corrupción como a los saqueadores de esos fondos de ayuda social en el Congreso Nacional, quienes, al amparo del impacto de la noticia, esperan que concluya o disminuya la intensidad del debate sobre el Decreto de la Impunidad. Resulta, por la dinámica de los acontecimientos, que la exprimera dama es una víctima propiciatoria -que no expiatoria, porque es condición de esta la inocencia-, cuyo sacrificio, esperan, que calme la indignación popular por la asfixiante corrupción y exasperante impunidad.
A ese Decreto se viene a sumar, a favor de la causa de la impunidad, la decisión adoptada por los magistrados de la Suprema en el caso conocido como la “Red de Diputados”. Por esta, el Poder Judicial se somete mansamente a la decisión política de transferir al TSE la potestad de investigar y juzgar los casos en los que servidores públicos, diputados y personas privadas, naturales o jurídicas (civiles o mercantiles) hayan recibido y administrado fondos públicos para ayudas sociales. En otras palabras, si el TSE, luego de su investigación, decide exonerar a los diputados involucrados en la llamada “Red de Diputados”, la magistrada designada por la Suprema para juzgar en este caso, obligatoriamente tendrá que someterse a esa decisión administrativa del TSE, dictando, en consecuencia, el respectivo sobreseimiento definitivo. Por ese Decreto, entonces, se cede al TSE la potestad de juzgar que, de conformidad con la Constitución, es potestad privativa del Poder Judicial, ejercida “por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las leyes”.
El Decreto de la Impunidad y ese criterio (si “criterio” puede llamarse a ese acto de vergonzosa sumisión) de los magistrados de la Suprema, manifiestamente contrario a la Constitución, favorece a quienes desde el gobierno de Mel manejaron fondos de ese tipo, porque impide una investigación profesional e independiente de su manejo. De haber continuado la investigación de la “Red de Diputados” se habría llegado, seguramente, hasta el gobierno de Mel, incluyendo el de facto. Favorecidos con ese Decreto y aquel criterio resultan, entonces, los diputados de todos los partidos (PN, PL, Libre y demás), porque, mientras no se acredite quienes rindieron cuentas a cabalidad, todos son sospechosos, aunque gocen de la presunción de inocencia.
También comprendería, desde luego, la presidencia del Congreso. Porque esta manejó esos subsidios hasta que, en el gobierno anterior, pasaron a ser manejados por el Presidente de la República, ante quien llegaban suplicantes los diputados liberales, los de Libre y el resto de la supuesta oposición, a recibir su cuota. De hecho, era un acto de humillación. Pero los diputados no lo entendían así, animados, unos, porque con esos fondos atenderían a sus votantes, otros, porque los destinarían a darse la gran vida.
No podría ignorarse, en esta investigación, el papel de la Secretaría de Finanzas y de la administración de la Casa Presidencial, las que deben explicar por qué se transfirió dinero a las ONG, cuál fue el criterio para escogerlas, si se exigió rendición de cuentas a estas y si se requirió de las mismas la rendición de cuentas de los diputados.
Y, finalmente, tendría que investigar el rol del Presidente de la República en el manejo de esos fondos destinados a los diputados.
¿Comprende ahora, distinguido lector, por qué se emitió el Decreto de la Impunidad? En defensa de este, los diputados de todos los tintes (por lo de desteñidos), y aquellos a quienes puede afectar una investigación de este tipo, se batirán con quien sea, como hicieron con los fiscales de la UFECIC, ante la que comparecieron masivamente en una acción visiblemente intimidante, exigiendo explicaciones sobre una supuesta investigación en su contra; de ahí, que les resulta muy conveniente la entrega de la exprimera dama y de cuantos convenga, siempre que no sean ellos.
