El Estado reconoce paladinamente que no puede garantizar la integridad ni la vida de las personas, cuando acepta oficialmente que sus funcionarios, en ejercicio de competencias en las que arriesgan su seguridad y la de su familia, busquen protección en el extranjero.
Esto sucedió con el fiscal que inició la investigación y se aproximó peligrosamente a quienes hoy están acusados o señalados, por el saqueo en el IHSS.
