Edmundo Orellana
Catedrático universitario
El gobierno no puede eludir sus compromisos con el FMI, entre los cuales resalta la reducción de la masa salarial en los sectores de salud y educación, que, impúdicamente, planteó en la controversial Ley de Transformación de Salud y Educación que no lograron aprobar por la oposición que se generó ante tal desaguisado.
El despido masivo de empleados en salud y educación estaba claramente planteado en esa ley y los funcionarios que la defendieron alegaron que es una exigencia del FMI para acceder a aproximadamente 311 millones de dólares, con lo que vendría a darle un respiro al gobierno, por la falta de dinero para enfrentar sus compromisos.
Previamente habían decretado, mediante los famosos PCM, el estado de emergencia en los sectores salud y educación, con el propósito de eludir el deber legal de la licitación y el concurso y, sin embargo, entre los compromisos con el FMI se encuentra la transparencia (¿sin licitaciones y sin concursos?), lo que aumenta la sospecha de que se avanza en la privatización de los servicios de salud y educación.
Es un plan siniestro, cuya finalidad es dejar en la calle a miles de empleados públicos y favorecer a empresarios que, desde ya, ofrecen planes especiales en salud, particularmente.
El de salud es el sector más golpeado por la corrupción. Ningún rubro ha sido ignorado. Desde el saqueo de los presupuestos hasta el hurto de los equipos e implementos médicos, pasando por contrataciones amañadas y atención en condiciones infrahumanas a los pacientes; ha sido una fiesta ininterrumpida para los corruptos y un infierno interminable para los usuarios del servicio de salud.
Es una crisis provocada que alcanza proporciones de tragedia humanitaria, a cuya solución el FMI propone la receta de siempre, reducir el gasto y tercerizar servicios, como condición para acceder a esos millones. Vayan o no vayan al diálogo, miles serán despedidos en esos sectores porque es la condición para acceder a ese financiamiento que el gobierno necesita con urgencia. Reduciendo lo público, lo privado se torna obligatorio.
La Plataforma de la Defensa de la Salud y de la Educación comprendió que con la invitación se pretende desmovilizar el movimiento que impulsan, sentando a sus líderes en mesas técnicas para hablar lo de siempre. Nada de lo que se acuerde en esas mesas impedirá que se cumpla lo ordenado por el FMI: los despidos y la privatización.
Para debilitar el movimiento infiltran a sus cuadros para vandalizar, como hicieron con la embajada gringa, y, pese a que fue evidente la participación de un experto en esos menesteres y la ausencia policial, se insiste en resaltar la supuesta participación de un joven con el evidente propósito de disminuir la figuración del agente infiltrado.
Como no han podido debilitar la voluntad férrea de la plataforma, en donde se destaca el liderazgo de la doctora Suyapa Figueroa, el gobierno ha emprendido una campaña en su contra, poniéndola en riesgo a ella y a su familia. Lo que era de esperarse. Sin embargo, lo que nadie se imaginó fueron los ataques en su contra provenientes de un sector de la oposición, por un malentendido, en los que se insistió aún después de que su propio líder había aclarado el asunto. Estas actitudes infantiles y radicales son la causa principal de la debilidad de la oposición, de la que se aprovecha el gobierno para ningunearla permanentemente.
El diálogo con el gobierno es una trampa, igual que lo fue el convocado, a instancia del gobierno, por Naciones Unidas. Se burlaron de los esfuerzos y buena fe de quienes aceptaron la invitación al diálogo, entre estos el CCEPL, cuya bancada se dividió, porque una facción suya se sumó a la conspiración fraguada por el PN y Libre en contra del diálogo, para asegurarse de que el sistema electoral siguiese siendo el refugio de los políticos tramposos para seguir socavando la democracia, burlándose del voto ciudadano mediante fraudes garantizados.
La plataforma no debe ignorar que los despidos y la privatización son compromisos ineludibles del gobierno con el FMI, por lo que acudir al diálogo en estas condiciones es aceptar la “masacre laboral”, que vendrá, tarde o temprano. También debe ser consciente de que su triunfo radica en la fuerza con la que impulsen sus reclamos. Si desisten de las acciones de presión, se reducirá el entusiasmo e iniciará, inevitablemente, la desmovilización, que es a lo que apuesta el gobierno para tener libertad de actuar.
Su lucha insufló renovadas energías a la indignación nacional, motivando a los obispos, quienes, bajo la advocación de la Virgen de Suyapa, lanzan un categórico: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector ¿se atreve a decir también ¡BASTA YA!?
