La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Honduras expresaron este martes su preocupación por las sendas condenas dictadas por el sistema de justicia contra una diputada y un periodista, al aplicarles una ley que restringe la libertad de expresión.
En un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) manifestó “su preocupación por las recientes condenas que restringen el derecho a la libertad de expresión”.
Añadió que las condenas son contra “una defensora de derechos humanos, también diputada del Congreso Nacional condenada por delito de calumnia constitutivo de difamación a dos años y ocho meses” de cárcel y “una pena accesoria especial” de no ejercer como legisladora.
La diputada opositora, María Luisa Borjas, recibió el lunes la condena dictada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, nombrado como juez natural, ante una acusación presentada por un empresario de la banca.
Borjas mencionó al empresario Camilo Atala como uno de los autores intelectuales del asesinato, en marzo de 2016, de la ambientalista Berta Cáceres.
La diputada anunció que presentará un recurso contra la resolución.
También “un periodista está sentenciado a diez años de reclusión no conmutable por seis delitos de difamación constitutivos de injurias y calumnias”, añadió la OACNUDH.
El director de Radio Globo, David Romero, fue condenado a diez años de cárcel acusado por la esposa de un funcionario público, sin embargo el periodista ha denunciado públicamente que el presidente Juan Orlando Hernández está atrás de la sentencia por sus posiciones editoriales en contra del gobierno.
En su comunicado, la ONU exigió a Honduras “avanzar en la reforma penal para despenalizar la difamación, calumnia e injuria y adoptar soluciones adecuadas a través de procedimientos civiles”.
Los organismos internacionales de derechos humanos consideran que los llamados delitos contra el honor deben juzgarse en tribunales civiles, que sancionan a los infractores con indemnizaciones, en lugar de condenas de cárcel como tipifica la normativa hondureña.
Honduras está considerado como uno de los países más peligrosos para los periodistas, con 75 comunicadores asesinados desde 2003, incluyendo propietarios y trabajadores de medios de comunicación.
