Por Edmundo Orellana
Catedrático universitario
El gobernante lanzó una tesis en la Asamblea de Naciones Unidas por la que pretende cambiar el concepto y los alcances de los Derechos Humanos, (DDHH), y, por consiguiente, las reglas que los regulan.
Desde su perspectiva, el Estado no es el único obligado a respetar los DDHH también están obligadas las maras, cárteles de la droga y toda organización criminal.
En el escenario que se planteó, así como en la academia, es inobjetable que el obligado a respetar los DD HH es el Estado, porque la Constitución y los tratados internacionales le imponen el compromiso de garantizarlos y promoverlos. Esa es su razón de ser.
Nuestra Constitución, respondiendo a esa concepción, claramente dispone que “la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad humana es inviolable”. Asimismo, que el Estado está constituido para “asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la cultura y el bienestar económico y social”. Y para rematar, nos ofrece una lista, explícita e implícita, de derechos que el Estado debe garantizar, proteger y respetar.
El Estado es una estructura para ejercer el poder, es cierto. Pero su única justificación es ejercer el poder para servir a la persona humana y a la sociedad. Entre estos servicios se destaca la seguridad personal, la pública y la jurídica.
La seguridad jurídica garantiza que todos seamos tratados como iguales, que la autoridad se apegue a la ley en cualquier circunstancia, que se expongan prolijamente los antecedentes, hechos y fundamentos que motivan las decisiones y, en el caso de que sea necesario separarse de los precedentes, se explique las razones. Si la autoridad detiene sin orden judicial, si recluye al detenido en centros no autorizados para ello, si lo somete a condiciones que ofendan la dignidad personal, se violan los DD HH; igualmente, si juzga sin seguir el debido proceso o si decide sin motivar la decisión.
Pero también viola los DDHH cuando renuncia a su deber de proteger a la población de las organizaciones criminales. Ese fue el caso –y por décadas– de las secciones territoriales que el Estado cedió a los capos de la droga, desde el occidente hasta el departamento de Gracias a Dios. Durante mucho tiempo, las personas que habitaban en sus áreas de influencia, estuvieron sometidas al régimen impuesto por esos criminales.
También los viola cuando las familias son desplazadas violentamente de sus hogares por las maras, porque estos desplazamientos forzados ocurren por la incapacidad estatal de proteger las familias. La extorsión de que son víctimas los comerciantes por esas organizaciones criminales es igualmente imputable a la ausencia de seguridad.
Viola el derecho de los niños a un futuro de calidad, cuando no prioriza en sus programas sociales atenciones especiales en educación, salud, etc., hacia las familias en situación de vulnerabilidad y, especialmente, a los niños, quienes, por esa falta de atención estatal, se convierten en la principal fuente de recursos humanos para las maras. Los mareros son producto de la negligencia estatal en promover el desarrollo económico y social del país.
Los cárteles de la droga y demás organizaciones criminales crecen al amparo de la autoridad. Si no hubiese quien, desde el poder, facilitase las actividades criminales de esas organizaciones, no se desarrollarían o se mantendrían a niveles muy bajos.
Cuando “Los Cachiros” declaran en las cortes federales de los gringos que los altos mandos de la Policía estaban a su servicio para actuar como sicarios y para facilitarles el trasiego de la droga, están señalando al verdadero responsable. Al Estado.
El crimen organizado y esas organizaciones criminales existen para delinquir. No se les puede reconocer, entonces, el estatus de “garantes de los Derechos Humanos”, porque el único que ostenta tal carácter –según el sistema nacional, interamericano e internacional– es el Estado y, por ello, es el único que, eventualmente, los puede violar y al que se puede requerir por esa violación. Los criminales son eso, criminales, nada más.
Habría que cambiar de raíz, entonces, el sistema de Derechos Humanos, de aceptarse la tesis del gobernante, quien seguramente prevé en su diseño que la CIDH conozca de las violaciones a los DDHH perpetradas por esos criminales.
La inseguridad que vive el país y la violencia que provocan las maras, cárteles de la droga y demás organizaciones criminales, constituye, sin duda, violación a los DDHH, pero imputable al Estado, por su incapacidad de imponer el orden y la seguridad en el país.
