H. Roberto Herrera Cáceres
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Compartimos, en todo su alcance, la aseveración según la cual, en la democracia moderna, solo existimos como ciudadanos en la medida en que pensamos y participamos responsablemente, con información y conocimiento, en todo lo que atañe el destino nacional del pueblo.
Si una persona no participa en los asuntos del Estado no existe como ciudadano o como sujeto de la democracia, porque hay quienes solo cuentan con el voto de esa persona y su sujeción ulterior a intereses personales o de sectores determinados, y desconocen su existencia y dignidad en el ejercicio activo de su libertad; su capacidad y responsabilidad cívica en los asuntos de interés general y de interés local; y su derecho de velar porque esos intereses se gestionen de conformidad con la perspectiva de contribuir al fin supremo del Estado y la Sociedad, a la ética y legalidad.
La participación ciudadana es actualmente un derecho humano fundamental reconocido en la Constitución de la República, tratados y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos y democracia, Ley de Participación Ciudadana, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En Honduras, la democracia participativa fundamenta la situación y las facultades de la ciudadanía para participar, en igualdad de oportunidades, en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas que correspondan al propósito de promover e impulsar bienestar, seguridad, paz y libertad para toda la nación; y es también fuente concebida para la integración nacional de los gobiernos constitucionales con la participación de todos los sectores políticos, como garantía de estabilidad política y de conciliación nacional.
La participación real consolida la democracia y fortalece al Estado de Derecho, al reconocer a las ciudadanas y a los ciudadanos, como protagonistas y gestores de su propio destino colectivo con su derecho a la veeduría social sobre los actos de la autoridad pública para evaluar el cumplimiento de normas, procedimientos y resultados obtenidos conforme al fin supremo de la sociedad y del Estado que es el respeto, protección y promoción de la dignidad humana y su desarrollo, así como para verificar la transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública por parte de los servidores del Estado.
Vivimos nuevos tiempos en los cuales estamos ejerciendo, amplia y progresivamente, la libertad de expresión y de pensamiento por medio de la ciudadanía activa, buscando participar realmente en los asuntos encomendados a los órganos e instituciones de la comunidad local y del Estado. Con esa interacción constante lograremos que la vida pública pueda desarrollarse plenamente; asegurar la gobernabilidad y la estabilidad de las instituciones; prevenir y combatir la corrupción y la ilegalidad en los actos de los servidores públicos que han comprometido o puedan comprometer la dignidad de nuestra sociedad y del Estado.
Pero, tal como lo consigna la Declaración Universal sobre la democracia: “Si bien la existencia de una sociedad civil activa es elemento primordial de la democracia, la capacidad y la voluntad de las personas de participar en los procesos democráticos y de elegir las modalidades de gobierno no pueden darse por sentadas. Por ello es necesario establecer condiciones que lleven al ejercicio auténtico de los derechos de participación, eliminando a la vez los obstáculos que eviten, obstaculicen o inhiban dicho ejercicio. Por consiguiente, es indispensable fomentar permanentemente y de modo particular la igualdad, la transparencia, la educación y eliminar obstáculos tales como la ignorancia, la intolerancia, la apatía, la falta de opciones y alternativas auténticas y la ausencia de medidas destinadas a corregir los desequilibrios o la discriminación de carácter social, cultural, religioso y racial, o basada en el sexo”.
La institucionalidad de nuestro régimen democrático debe crear mejores condiciones y eliminar obstáculos a la participación ciudadana, porque esa participación es ejercicio auténtico de un derecho humano y de una responsabilidad social de la ciudadanía, que, por esa vía, generará pautas para una democracia eficaz, legitimada y afianzada incesantemente por el diálogo y el entendimiento con los servidores públicos
En la transición a un Estado de justicia social con libertad cuyo valor supremo guía sea la dignidad humana, nuestra misión más urgente es contribuir con el cambio hacia una República democrática eficaz, generando una cultura humanista de tolerancia, pluralismo, honestidad y paz, para lo que necesitamos insuflar la ética y la integridad en el comportamiento en la familia, la sociedad y el Gobierno; disponer de políticas públicas explícitas y de legislación centradas en el bien común que es la dignidad y el bienestar de todas las personas; y aplicar transparentes y funcionales instrumentos de trabajo y de gestión.
Escribamos una nueva historia, en la cual las ciudadanas y los ciudadanos seamos todos realmente los soberanos, los colaboradores activos y los beneficiarios de nuestra forma de gobierno y de nuestro sistema de vida en sociedad y en el Estado.
Por nuestra parte ya estamos acompañando a los que así lo desean en varios municipios en todos los departamentos de nuestro territorio nacional.
