Edmundo Orellana
Catedrático universitario
Después de la captura del hermano del gobernante por los gringos y de las declaraciones del señor Suárez, la crisis política generada por el golpe de estado y agravada por el inconstitucional continuismo y el fraude electoral, tocó fondo.
Nunca ha sido más urgente encontrar la salida de la crisis. Sin embargo, ningún partido político reaccionó como corresponde, a la gravedad de estos últimos acontecimientos, limitándose sus dirigentes, días después, a dejar constancia de sus posiciones en Twitter y Facebook. De la calle trasladaron la lucha política a la web, curiosamente, porque el nuestro es un país con una población afectada, en más del 70% por la pobreza, y, por consiguiente, con pocas posibilidades de acceder a internet y utilizar esas aplicaciones.
No obstante, desde la crisis postelectoral, esos dirigentes coincidiendo con analistas y algunas plataformas sociales cuya creación impulsó esa crisis, han formulado propuestas, todas centradas en la salida de JOH. Sin embargo, el problema no se agota en este.
El problema es el gobernante, desde luego, pero también, y en más alto grado, la red que bajo su liderazgo capturó el poder, integrada por políticos, empresarios, Ong, etc.; la mayoría salpicada por el narcotráfico y la corrupción. De ahí, que, de salir el gobernante, por renuncia o como consecuencia de un juicio político, esa red continuaría intacta manipulando el poder a su antojo.
Tampoco ofrece una salida ni una solución la propuesta de elecciones anticipadas, porque es imposible dentro del marco constitucional. Practicarlas implica violación de artículos “pétreos”: por una parte, defenestrar al jefe del Estado e impedir que se activen los mecanismos de sustitución previstos en la Constitución; por la otra, acortar el período presidencial, supuesto expresamente prohibido por la Constitución. En ambos casos la consecuencia sería la ruptura del orden constitucional. Por consiguiente, practicar elecciones anticipadas es sinónimo de ruptura del orden constitucional.
El gobierno de transición es otra propuesta. Sin embargo, igual que la anterior, presupone la ruptura del orden constitucional, puesto que la Constitución solo en un caso admite esa figura: cuando al 27 de enero no se haya declarado la elección presidencial.
La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente es otra propuesta, que, aunque no está prevista en la Constitución, contrario a las anteriores, es viable si el pueblo lo decide, previa consulta vía plebiscito. Pero esta opción permite al gobernante y a sus amigos –los de la red– seguir usufructuando el poder por un período indefinido, puesto que debe seguir un proceso complejo, con el riesgo de empantanarse en el Congreso Nacional.
La mayoría de las propuestas que ayudarían a salir de la crisis suponen tomar el atajo, eludiendo el ordenamiento jurídico. Lo que no necesariamente tendría que ser doloroso si fuese el resultado de un pacto entre todas las fuerzas políticas, sociales y económicas del país, lo que no parece posible, a corto plazo, por los enfrentamientos verbales que presenciamos entre los líderes de los partidos políticos.
No obstante, si se llegase a un pacto político de constituir un gobierno de transición, con la misión de preparar la etapa siguiente para normalizar la institucionalidad republicana perdida, difícilmente podría eludir, por las expectativas que generará, los reclamos de orden social y económico que, por su carácter apremiante, exigirán, y no en todos los casos pacíficamente, resolver los sectores postergados por este gobierno que priorizó faraónicas construcciones, como esa de la Ciudad Cívica, castigando los servicios públicos de la salud, educación, seguridad, etc.
Otro problema que tendría que resolver sería el de identificar el paso siguiente para normalizar esa institucionalidad. Roto el orden constitucional no existe otro camino que la Constituyente. De modo que el gobierno de transición tendría que impulsar los preparativos para una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, construir, previamente, un nuevo sistema electoral, transparente y confiable.
Esta opción plantea otro problema, gravísimo, por cierto, el de la elección de los constituyentes, porque, considerando el perfil de la mayoría de los diputados electos en los últimos congresos, no es difícil adivinar que los constituyentes serían de la misma laya porque nuestra incultura política nos impide discernir sobre quienes deben representarnos en la elaboración de leyes que regulen nuestra sociedad, lo que no nos garantiza la calidad del producto de esa Constituyente.
En conclusión, está difícil encontrar salidas a la crisis dentro del ordenamiento jurídico y, quizá, también, fuera de este.
