Edmundo Orellana
Catedrático universitario
Fortalecer las instituciones es una forma de ofrecer seguridad jurídica. Pero no todas las formas de fortalecimiento institucional lo son.
El gobernante, desde que era presidente del Congreso, se empeñó en desarrollar una estrategia para robustecer las instituciones. Convirtió al Legislativo en un super poder, concentrando funciones que facilitaron decisiones trascendentales, no todas, sin embargo, positivas para el país. Se modificó la Constitución para permitir la extradición de hondureños en casos de crimen organizado, pero al mismo tiempo promovió la legislación que permite fragmentar el territorio nacional para dar cabida a las denominadas “ciudades modelo”, en las que no habrá ciudadanos sino empresas, que se instalarán con privilegios como el de emitir leyes, no pagar impuestos y designar los funcionarios públicos, incluidos, con algunas restricciones, los judiciales, pero a las que los hondureños no podrán acceder, a excepción de que cumplan con los requisitos migratorios y aduaneros que los propietarios de esa ciudades Estado impongan.
Cuando la Sala de lo Constitucional decidió declarar inconstitucional la ley que creaba esas “ciudades modelo”, destituyó, sin tener atribuciones para ello, a los magistrados que votaron en su contra, los que — abogados, al fin– impugnaron la decisión hasta obtener que el sistema interamericano lo estime a efecto de ser conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exponiendo al país a una nueva condena –millonaria, por supuesto– que habrá de pagar, como siempre, el pueblo hondureño con sus impuestos. Pero se salió con la suya, porque una nueva ley fue emitida, pero, aunque vigente todavía, no ha sido capaz de atraer a ningún inversionista, por la sospecha de que algo raro se esconde en la oferta, lo que, oportunamente, denunció el mismo padre de esas “ciudades modelo”, hoy Premio Nobel.
Atribuyó al Presidente de la República potestades legislativas –contrariando la expresa prohibición constitucional al Congreso Nacional de ceder funciones legislativas– por las cuales puede crear, eliminar, fusionar, dividir, etc. secretarías de Estado y demás entidades de la administración pública, sin intervención alguna del Congreso Nacional, pese a que esas dependencias deben su existencia a leyes emitidas por este.
Colocó al Consejo de Defensa y Seguridad Nacional en el vértice del Estado, al cual quedan sometidos todos los poderes del Estado y el MP, convirtiendo a la Dirección de Investigación e Inteligencia en su órgano ejecutivo, por el cual se hace efectiva la ley que convierte en secreto de Estado todo aquello que interese al gobernante, con alcances de imponerla hasta en los tribunales y en el MP, y, en relación con las demás entidades de la administración pública, comprende actividades y diligencias como procedimientos de contratación y otros de orden administrativo.
Pasó a depender directamente de la Presidencia de la República el control interno sobre la ejecución del presupuesto en la administración pública, vía las auditorías internas y SIAFI, y también el control sobre las actividades sospechosas (lavado de dinero) en el sistema bancario, vía la unidad de inteligencia financiera de la Comisión de Bancos y Seguros, subordinada directa del Presidente.
Pero hay otro tipo de fortalecimiento institucional que abone a la seguridad jurídica si no se convierte en una simple formalidad. Se trata de lo que se está haciendo en el MP y en el Poder Judicial, según ha trascendido, con relación a la certificación de los procesos de selección y del personal que labora en esas instituciones. Al menos en el caso de la UFECIC y en los juzgados anticorrupción y antiextorsión, es un hecho notorio que esa certificación –ofrecida por la MACCIH– ha sido un éxito, acreditado con resultados incuestionables.
El proceso de selección de los jueces, magistrados y, entiendo, defensores públicos, recientemente practicado, con la debida certificación de MACCIH, ya dio sus frutos, al menos en dar a conocer transparentemente los aspirantes que lograron superar las pruebas, cuyos nombramientos están pendientes, salvando los escollos burocráticos.
En cuanto a la certificación del personal laborante en el MP, es una decisión que debe saludarse con entusiasmo, siempre que tenga la garantía de un interventor acreditado y objetivo como la MACCIH, igual que se hizo con la UFECIC.
No todo fortalecimiento contribuye a la seguridad jurídica. El impulsado por el gobernante atenta contra esta garantía; el que está en proceso en el sistema de justicia va hacia su consolidación, por lo que se espera, para bien del país, su realización, abandonando la vieja costumbre de convertir todo intento de mejorar en una vergüenza más.
