Con la autoria de los periodistas JEFF ERNST y ELISABETH MALKIN, el influyente periodico estadounidense New York Yime, apunta el tan llevado y traido tema de la corrupcion en Honduras.
Desde que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) anunció una investigación abarcadora en contra de los legisladores del país, el año pasado, ha recibido diversos ataques de los funcionarios a los que se supone que debe investigar.
Los legisladores hondureños dieron carpetazo a esa investigación inicial y la Maccih sobrevivió, a duras penas, a una recusación del tribunal.
Ahora, otra investigación a gran escala demuestra aquello por lo que los legisladores estaban tan preocupados. La investigación, anunciada el 13 de junio y conocida como el caso Pandora, presenta acusaciones contra 38 políticos y funcionarios.
La investigación describe un plan para desviar fondos gubernamentales para el gobernante Partido Nacional durante la campaña electoral de 2013. Entre los funcionarios mencionados en la investigación se encuentran exministros de gobierno, miembros de alto rango del partido del presidente Juan Orlando Hernández y al cuñado de este. De acuerdo con la investigación, incluso el opositor Partido Liberal recibió fondos desviados.
No solo es el resultado de esta investigación lo que está en juego, sino también la supervivencia del órgano visto como el freno más poderoso a la mala conducta de los funcionarios públicos en Honduras, donde la corrupción está profundamente arraigada.
Guatemala es el único otro país con una herramienta anticorrupción equiparable, la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), que ha resultado ser un experimento internacional único. La Cicig, un grupo investigador de fiscales internacionales respaldados por las Naciones Unidas, ha acusado a cuatro expresidentes desde que se estableció hace más de una década. Durante semanas en 2015, los hondureños realizaron “marchas de las antorchas” para exigir que se estableciera una versión de esta comisión en su país.
“Me parece que si no se permite que el caso avance en el tribunal anticorrupción, como es debido, se correría un riesgo político muy grande”.
MELISSA ELVIR CHÁVEZ, ABOGADA
Cuando la Cicig acusó al expresidente Otto Pérez Molina de orquestar un desfalco aduanero en 2015, eso forzó su renuncia y fue puesto en prisión, donde sigue; esa es una de las razones por las que los legisladores hondureños les preocupa que haya una investigación similar en su propio territorio.
Al anunciar los detalles de una nueva investigación, los fiscales de la Maccih han presentado un desafío al gobierno y a sus aliados en el Congreso: si hacen a un lado este caso, como ocurrió con la investigación anterior, los hondureños probablemente alcancen su punto de quiebre.
“Es muy claro que la gente está harta”, dijo la abogada Melissa Elvir Chávez, de la Fundación Democracia sin Fronteras. “Me parece que si no se permite que el caso avance en el tribunal anticorrupción, como es debido, se correría un riesgo político muy grande”.
En el primer caso de la Maccih, presentado en diciembre, los fiscales acusaron a cinco exlegisladores de desviar recursos de un fondo de desarrollo especial al que pueden acceder los diputados para sus distritos. En un plazo de semanas, el Congreso votó poner un alto a cualquier investigación penal de ese fondo que se remonte a 2006, y un juez desestimó el caso.
Se espera que la Corte Suprema de Justicia hondureña resuelva una apelación de ese intento del Congreso de protegerse de procesamientos.
El jefe de la Maccih en aquel momento, el ex primer ministro peruano Juan Jiménez Mayor, renunció al argumentar que la Organización de Estados Americanos (OEA), que creó la misión, no lo había respaldado en sus diferencias con el gobierno.
Policías antimotines afuera de un edificio gubernamental en la capital hondureña, Tegucigalpa, después de que manifestantes le prendieran fuego durante una protesta en mayo para exigir la renuncia de Hernández. Credit Orlando Sierra/Agence France-Presse — Getty Images
En mayo se dio un nuevo giro. Un párrafo en un fallo confuso de la Corte Suprema pareció restringir la capacidad de la Maccih para colaborar con la nueva unidad anticorrupción de fiscal general.
La activista anticorrupción Gabriela Castellanos dijo que la decisión de la Corte “crea mucha confusión” y tiene “mucha malicia”. Mencionó que las instituciones hondureñas eran demasiado débiles y necesitaban el apoyo de la Maccih para investigar a los intermediarios del poder del país. Castellanos dirige el Consejo Nacional Anticorrupción, un grupo independiente que investiga casos de corrupción y los denuncia ante los fiscales.
El nuevo caso de la misión, Pandora, indica que cerca de 12 millones de dólares asignados por la Secretaría de Agricultura y Ganadería para programas agrícolas se canalizaron a través de dos fundaciones para financiar las campañas electorales. Parte del dinero fue a tarjetas de descuento en tiendas minoristas que distribuyó el Partido Nacional de Hernández.
Hernández ha dicho que su gobierno colaborará con la Maccih. “Es fundamental que se haga justicia”, dijo. “Nadie está por encima de la ley, pero de igual manera el principio del Estado de derecho, el principio de inocencia, es lo que todos debemos buscar” .
El fiscal general, Óscar Chinchilla, quien fue reelegido y asumirá el cargo el 1 de septiembre, tendrá la tarea de garantizar que el caso avance. Aunque ha sido elogiado por muchos, incluida la Embajada de Estados Unidos, los críticos cuestionan su fuertes vínculos al partido gobernante y la falta de resultados importantes.
Aunque la primera investigación del año pasado sobre el desfalco de los recursos para el desarrollo solo mencionó a cinco exlegisladores, Jiménez, el exdirector de la Maccih que renunció, dijo que podrían estar involucrados hasta sesenta congresistas y exlegisladores, incluyendo al poderoso presidente del Congreso hondureño, Mauricio Oliva.
Diputados del Partido Libre acusan que el fiscal Óscar Chinchilla fue elegido por congresistas vinculados al caso Pandora, el 29 de junio.
Una revisión de los fondos de desarrollo social hecho para el primer caso demuestra cómo los fondos públicos se distribuyeron de manera desordenada y por qué los congresistas pudieron haber tenido tanta prisa por cerrar dicha investigación.
A partir de 2006, los legisladores han reservado 20 millones de dólares anuales para proyectos en sus distritos. La mitad de ese dinero se ha gastado a discreción del presidente del Congreso, que entre 2010 y 2014 fue Hernández, según un análisis del programa realizado por Democracia sin Fronteras. El Congreso no dio detalles de los gastos que Hernández autorizó durante esos años.
El dinero se destinó a organizaciones sin fines de lucro, algunas vinculadas con los legisladores mismos. Los investigadores del Consejo Nacional Anticorrupción afirman que, en muchos casos, los proyectos solo se completaron parcialmente o no se realizaron en absoluto, mientras que algunas de las organizaciones sin fines de lucro presentaron fotografías del proyecto completado como prueba de que habían terminado su obra.
En 2015, en el plazo de dos días, cinco congresistas le escribieron directamente a Hernández, ya para entonces presidente del país, para solicitar donaciones. Dos días después, la oficina del mandatario ordenó el envío de los fondos, todo para la misma organización sin fines de lucro, según mostraron los documentos.
Recientemente, esa organización fue denunciada por fraude por el Consejo Nacional Anticorrupción.
Un ejemplo de los lazos entre los legisladores y las organizaciones sin fines de lucro es el de Renan Inestroza, un diputado del Partido Nacional vinculado con una red de dichas organizaciones que ha recibido por lo menos 3,8 millones de dólares de las arcas públicas.
Hernández también canalizó buena parte del programa social insignia de su presidencia, Vida Mejor, a estas asociaciones, incluida una para la que su hermana, Hilda Hernández, formaba parte del consejo ejecutivo. Hilda Hernández murió en un accidente de helicóptero en diciembre.
En 2013, un año electoral, la organización relacionada a la hermana del presidente recibió al menos 3,3 millones de dólares del fondo de desarrollo social administrado por Hernández. Durante los siguientes cuatro años, obtuvo contratos por un valor de 71 millones de dólares por parte de Vida Mejor; fue la organización que recibió la mayor cantidad.
Edmundo Orellana, exfiscal general, dijo que sería difícil para los tribunales y el Congreso sabotear el caso Pandora y “encontrar un mecanismo de impunidad” para los legisladores, pero que sin duda lo intentarían.
“Creo que la corte va a ser todo lo posible para evitar que sean juzgados”, dijo.
Muchos hondureños, impacientes y molestos, observan lo sucedido con recelo.
“Queremos que los corruptos vayan a la cárcel”, manifestó Estefany Pineda, estudiante de 28 años. “Queremos justicia, porque en este país no se conoce esa palabra”.
