Representantes de tres instituciones defensoras de los derechos humanos y de los migrantes en los Estados Unidos lideran la gestión de una demanda de un grupo de latinos contra el presidente, Donald Trump, con el fin de restablecer el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS).
El Comité de Abogados para los Derechos Civiles y la Justicia Económica, la Alianza Américas, junto al Centro Presente, son las organizaciones involucradas en todo el proceso abanderado por cuatro hondureños, seis salvadoreños y cuatro haitianos, quienes exigen el restablecimiento del TPS y el cese al racismo, amparados en fundamentos de la Carta Magna norteamericana.
La demanda fue interpuesta hace unos días, en la Corte Federal de Boston, bajo el principal argumento que la Constitución estadounidense no permite decisiones gubernamentales basadas en el racismo, que según los demandantes, es impulsado por las políticas migratorias de Trump.
Una delegación conformada por líderes comunitarios, defensores de la justicia social, y abogados en derechos civiles de los entes que impugnan por los derechos de los migrantes, se encuentran en El Salvador y Honduras, desde ayer, y permanecerán hasta el 1 de junio, para observar y documentar las condiciones y el estado de derechos humanos que predomina en ambos países.
CANCELACIÓN DEL BENEFICIO
El director ejecutivo del Comité para los Derechos Civiles y Justicia Económica, Iván Espinoza, explicó que “la demanda abarca a las tres naciones: Honduras, El Salvador y Haití, y se basa en principios fundamentales de la Constitución estadounidense, que garantiza el debido procedimiento e igual trato e igual proteccion de las leyes”.
“El planteamiento legal de la demanda es que el presidente violó los principios, al tomar acciones y adoptar políticas públicas con motivos de discriminar contra las personas y comunidades minoritarias; la cancelacion del TPS no tiene mérito, es un instrumento político para cumplir con las promesas de las campañas de Trump”.
Cuatro hondureños en la Corte Federal de Boston forman parte de los 14 latinos que demandan a Trump.
Espinoza detalló que la juez asignada al caso tiene la potestad en la ley de los Estados Unidos, de anular la cancelación del TPS, y restaurar el programa para que los “tepesianos” puedan continuar protegidos bajo el amparo migratorio resuelto desde 1999, después de las secuelas del huracán Mitch y ampliado por última vez hasta el 5 de enero del 2020 a los hondureños.
“También demandamos a varias agencias federales y altos funcionarios del gobierno Federal que estuvieron involucrados en tomar las decisiones que son profundamente discriminatorias y racistas; es la primer demanda que exige la protección de los hondureños con TPS, y la primer demanda para proteger a los salvadoreños”, enfatizó Espinoza. (KSA)
DATOS
El delegado de la Alianza Américas, Hazael Contreras, aseveró que “esta delegación que hemos conformado se formó con el fin de observar y documentar las condiciones y el estado de derechos humanos en los países que fueron beneficiados por el TPS y específicamente en El Salvador y Honduras”.
CENTRO PRESENTE
EXIGIRÁN APROBAR PROYECTO
La directora ejecutiva del Centro Presente, Patricia Montes, dijo que “la administración de Obama deja un legado de más de tres millones de personas deportadas, el 96 por ciento de las personas de origen latinoamericano y la mayoría sin antecedentes penales”.
“Actualmente hay seis proyectos de ley y cuatro de ellos conducen a una residencia permanente (…) estamos trabajando para exigir que el gobierno de Estados Unidos, por medio de su Congreso, apruebe uno de los proyectos de ley y eso no quiere decir que el gobierno de Estados Unidos tenga la voluntad política para aprobar uno de estos proyectos de ley”.
Montes añadió que “para nosotros es irresponsable decir que en 18 meses el gobierno de Estados Unidos otorgará una residencia permanente a las personas que gozan del TPS, ese ha sido el discurso oficialista del gobierno de Honduras y El Salvador, para nosotros es irresponsable”.
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