Edmundo Orellana Mercado
Catedrático universitario
Nuestro sistema de justicia adolece de muchos defectos. Especialmente, los que se derivan de la intervención político-partidista, pese a los, supuestos, avances en los procesos de selección de sus titulares para evitarla.
En el pasado, el Congreso elegía los magistrados de la Corte Suprema sin más condiciones que cumplir con los requisitos que la Constitución y las leyes secundarias exigían. Los partidos políticos postulaban a sus correligionarios, pero, en general, se preocupaban porque fueran abogados prominentes. Su reconocida trayectoria profesional garantizaba su elección.
Había irregularidades, particularmente en el nombramiento de jueces y magistrados de apelaciones, bien porque se eludía la aplicación de la ley de la carrera judicial o porque no se cumplía cabalmente. Sin embargo, esta disfunción no provocaba, en general, efectos negativos visibles, porque el complejo modus operandi de los tribunales los cubría con su espeso velo. El problema visible radicaba en el procedimiento judicial, no en la calidad del responsable de conducirlo.
Se inició un proceso de revisión de esos procedimientos que culminó con una reforma en el procedimiento penal y civil, que, sin embargo, no produjo los resultados esperados. No por la reforma en sí, sino porque se descubrió que el responsable de conducir el proceso también constituía un problema. El juez, en estos nuevos procesos, está más expuesto, porque su actuar no solo es público, sino que ocurre ante el público. La calidad de su gestión, entonces, es sometida al escrutinio, ya no solo de las partes procesales -como en el pasado-, sino también del público. Por consiguiente, los errores judiciales son más visibles que antes.
Para evitarlo, se creó el Consejo de la Judicatura, cuyo fracaso es ampliamente conocido, no solo por el supuesto proceder incorrecto de sus titulares, sino porque el diseño estructural no era viable. Era tan notorio el fallo estructural que no encontraron otra solución -cuestionable, por cierto- que derogar la ley, vía la declaración de inconstitucionalidad.
Luego de implosionar el sistema de personal judicial y de comprobarse que el sistema de justicia, en lugar de seguridad jurídica, generaba impunidad, el pueblo indignado se lanza a las calles a exigir que viniese al país un mecanismo similar a la CICIG. En su lugar, vino la MACCIH. No satisfizo a los indignados, inicialmente. Hoy, sin embargo, cierra filas en torno suyo, frente a las groseras embestidas en su contra del Secretario General de la OEA y del gobierno.
Su labor de certificar el personal necesario para gestionar las instancias judiciales en materia de corrupción dio resultado y, por eso, tiene el apoyo de la sociedad hondureña. No solo fueron certificados los jueces y magistrados de apelaciones en la jurisdicción penal en materia anticorrupción. También lo hicieron con los fiscales, porque a estos corresponde el protagonismo en el nuevo proceso penal, cuya responsabilidad comienza desde la etapa pre-procesal, con la dirección técnico-jurídica de la investigación y de los peritajes forenses. El agente fiscal que prepara adecuadamente su caso, con el resultado de las investigaciones y peritajes respectivos, tiene garantizado, anticipadamente, el éxito.
Esta colaboración no es iniciativa del titular del MP, pero se reconoce que no obstaculizó el desarrollo de la institucionalidad operativa que de la misma surgió, ni impidió las acciones penales emprendidas. Por eso, los corruptos, estimulados por las torpezas del Secretario General de la OEA, atacan directa y brutalmente, en todas direcciones y sin escatimar esfuerzos, a la MACCIH, la UFECIC y los juzgados anticorrupción, incluida la directora del CNA y su equipo técnico, a la vez que recurren a la aprobación de leyes y a doblegar “honores, voluntades y conciencias” en las instancias judiciales, para evitar que esas acciones los alcancen. De ahí, la necesidad de que haya un fiscal idóneo, esto es, independiente y con sentido común, porque de ello depende el futuro de la lucha contra la impunidad; en otras palabras, para que la MACCIH, la UFECIC y las instancias judiciales anticorrupción sigan operando exitosamente.
En esto consiste la importancia del papel de la Junta Proponente. Si remite a los mejores calificados, no importa a quién de los nominados escoja el Congreso Nacional. No importaría porque será escogido entre quienes han acreditado su idoneidad para el cargo. Si no incluye a los mejores calificados en esa lista, lo poco que se ha avanzado se perderá. Que haya un fiscal idóneo está en manos de la Junta Proponente, no del Congreso. Esa es la responsabilidad histórica de la Junta Proponente: potenciar la lucha contra la impunidad o eliminarla.
