Quizá los asesinatos habrían acabado con la oposición indígena al proyecto de una represa en Honduras si Berta Cáceres no hubiera sido una de las víctimas. Su liderazgo en la campaña contra la construcción de una represa en el río Gualcarque, que es sagrado para el pueblo lenca, le hizo acreedora de un prestigioso premio internacional y mucha atención mediática por lo que su asesinato perpetrado por hombres armados hace dos años generó una intensa presión para encontrar a sus asesinos.
Ahora la policía hondureña arrestó a Roberto David Castillo Mejía, el hombre que en ese momento era el jefe ejecutivo de la compañía que desarrollaba el proyecto de construcción. Es la novena persona detenida por el asesinato, pero lo más importante es que fue identificado como el “autor intelectual” del crimen, es decir, fue la mente maestra que contrató asesinos y miembros del ejército que ya fueron encarcelados por el caso de Cáceres.
La detención de Castillo muestra los vínculos que surgen entre el gobierno y la élite militar y empresarial en una cultura de corrupción. Honduras es el país más letal del mundo para los activistas ambientales. Cáceres y otros dos miembros de su organización aparecen en la lista de los catorce ambientalistas que fueron asesinados en 2016.
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Después de su muerte, un equipo de abogados internacionales reveló que el asesinato fue planificado durante meses. Estados Unidos presionó al gobierno de Honduras para que resolviera el caso y el arresto de Castillo sugiere que esa presión funcionó.
Lo que aún no queda claro es si esa detención representa un cambio fundamental en Honduras o simplemente se trata del sacrificio de un chivo expiatorio en un caso que se volvió demasiado importante.
Mientras la investigación del asesinato de la lideresa ambientalista acaparaba los titulares de los diarios, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sorteó la ley para postularse a la reelección y ganó unas votaciones tan controversiales que los observadores internacionales recomendaron que se convocara una nueva elección.
Sin embargo, el gobierno de Trump guardó silencio. Hernández, que llegó al poder con un golpe de Estado apoyado por el gobierno de Obama en 2009, ha sido un aliado voluntario de Washington, bien sea para luchar contra el terrorismo y las drogas o para detener a los inmigrantes.
Es posible que Hernández no esté directamente involucrado en el asesinato de Cáceres. Pero Estados Unidos exige que ese caso se resuelva mientras, cínicamente, posibilita la implementación de las políticas corruptas que sostienen al actual gobierno de Honduras, lo que aumenta las probabilidades de que la muerte de Cáceres no sea la última.
