Entre los acusados figura el ex presidente de Honduras Rafael Callejas, que gobernó el país centroamericano entre 1990 y 1994 y actualmente ejercía como miembro de la Comisión de Mercadotecnia y Televisión del organismo futbolístico, según el escrito de acusación del Gobierno estadounidense.
Destaca también entre los acusados el secretario general de la federación nacional de fútbol de Guatemala, Héctor Trujillo, juez del Tribunal Constitucional del país y que «dispensó Justicia, mientras solicitaba sobornos y vendía su influencia dentro de la FIFA», sostuvo Lynch en una rueda de prensa en Washington.
«No contentos con secuestrar el deporte más popular del mundo por décadas con ganancias ilícitas, estos acusados trataron de institucionalizar su corrupción para asegurarse de que podían vivir de ella, no por el bien del juego, sino para su propio engrandecimiento personal y el aumento de su riqueza», dijo Lynch.
«El mensaje de este anuncio debe quedar claro para todos los culpables que permanecen en las sombras, con la esperanza de evadir nuestra investigación. No vais a escapar», advirtió la procuradora.
La investigación por sobornos que alcanzarían los 200 millones de dólares incluye 92 cargos por delitos que van desde organización mafiosa y fraude masivo hasta blanqueo de dinero, y los acusados, de los que ocho ya se han declarado culpables, se enfrentan a un máximo de 20 años de prisión.
Los nuevos cargos golpean especialmente a directivos de la FIFA en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Figuran entre ellos los presidentes de la Confederación Centroamericana de Fútbol (Concacaf), el hondureño Alfredo Hawit, y de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el paraguayo Juan Ángel Napout, detenidos hoy en Zúrich (Suiza) y a la espera de que EEUU solicite formalmente su extradición.
Entre los nuevos acusados están el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Marco Polo del Nero, quien renunció a su cargo como miembro del Comité Ejecutivo de la organización el pasado 26 de noviembre, y su antecesor al frente del ente rector del fútbol brasileño, Ricardo Teixeira.
La investigación también salpica al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Luis Chiriboga, así como a los argentinos Eduardo Deluca y José Luis Meiszner, ambos exsecretarios generales de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), ente regulador del fútbol sudamericano.
El presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, Brayan Jiménez, y el panameño Ariel Alvarado, expresidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), también se encuentran entre los acusados a los que EEUU quiere juzgar en su territorio.
Los expresidentes de las federaciones nacionales de fútbol de El Salvador, Reynaldo Vasquez; de Guatemala, Rafael Salguero; así como los expresidentes del fútbol de Bolivia Carlos Chávez y de Perú Manuel Burga figuran en la abultada lista, donde también está Romer Osuna, tesorero de la Conmebol.
Para justificar las peticiones de extradición de los mandatarios de la FIFA, Lynch argumentó que las negociaciones para intercambiar influencias y dinero ilícito tuvieron lugar en Estados Unidos y que, además, los acusados utilizaron los bancos de Wall Street para blanquear los sobornos.
Los sobornos y comisiones de la supuesta red de corrupción, fundada en 1991, influyeron en el patrocinio de la selección nacional de fútbol de Brasil por una importante compañía estadounidense de ropa deportiva, así como en las elecciones presidenciales de la FIFA 2011, según la procuradora.
Las nuevas acusaciones también se refieren a intercambios de favores para la concesión a Sudáfrica del torneo por la Copa Mundial de la FIFA en 2010.
Estas nuevas imputaciones casi doblan el tamaño de la macro-investigación contra el máximo organismo del fútbol mundial, que recibió su primer golpe en mayo cuando EEUU formuló cargos de corrupción públicamente contra 14 personas, de las que siete fueron arrestadas en Suiza.
