El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado positivo por covid-19 la mañana de este jueves y tiene síntomas «muy leves» de la enfermedad, según informó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Biden, que tiene puesta la vacuna contra la enfermedad y también los dos refuerzos, ha comenzado un tratamiento con el antirretrovírico oral Paxlovid, permanecerá aislado en la Casa Blanca y seguirá trabajando.

En este sentido, Jean-Pierre explicó que el mandatario ha estado ya en contacto con miembros de su equipo por teléfono y participará en varias reuniones telefónicas o por videoconferencia desde su residencia.

De acuerdo con el protocolo de la Casa Blanca, que va más allá de las recomendaciones de los Centros de Control de Enfermedades (CDC, en inglés), Biden continuará aislado hasta que dé negativo y no volverá a sus tareas de forma presencial hasta entonces.

La Casa Blanca prometió actualizar a diario los datos sobre el estado de salud del presidente mientras éste sigue trabajando.

La unidad médica de la Casa Blanca, además, informará a todos los contactos cercanos del presidente, incluidos los que tuvo ayer con miembros del Congreso y de los medios de comunicación, así como otras personas, durante su viaje a Massachusetts.

El último test que se había hecho Biden y que había dado negativo fue el pasado martes

La medida, que había sido solicitada al Congreso por el presidente, Nayib Bukele, desde su cuenta de Twitter el sábado, fue aprobada con los votos de 67 diputados de un total de 84 durante una sesión extraordinaria convocada por el líder de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, a pedido de Bukele

El Salvador registró el viernes al menos 14 homicidios.

Y, el sábado, se sumaron otros 62 asesinatos en lo que constituyó el día más violento su historia reciente.

Estos datos han sido confirmados por la Policía la Policía Nacional Civil (PNC).

La cifra más cercana a los 62 asesinatos del sábado es la de 51 homicidios en un solo día registrados en agosto de 2015, cuando el país vivió su año más mortífero tras el final de la guerra civil (1980-1992), según señala la agencia de noticias EFE.

Suspensión de garantías

El régimen de excepción comenzará a regir después de que el presidente firme el decreto aprobado en el Congreso y se publique en el Diario Oficial.

Los diputados avalaron la suspensión de la libertad de asociación, derecho de defensa e inviolabilidad de la correspondencia.

También quedó sin efecto la prohibición de la intervención de las telecomunicaciones sin autorización judicial y se extendió el plazo de detención administrativa a 15 días, cuando en tiempos normales es de 72 horas.

Antes de pedir el estado de excepción, Bukele había dicho que la policía y el ejército«deben dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo y deben defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros».

Además, señaló que la Fiscalía General de la República «debe ser eficaz con los casos» y que también «estaremos pendientes de los jueces que favorezcan delincuentes».

Las autoridades no han dado detalles de las razones del aumento, mientras que las cifras de la policía revelan que la estadística de los crímenes ha superado el promedio durante varios días de marzo.

En noviembre de 2021, el país también registró un alza repentina de los homicidios que dejó más de 40 asesinatos en tres días. En ese contexto, Bukele rechazó los señalamientos de que su gobierno tenía una «tregua» con las pandillas.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó en diciembre de 2021 a dos funcionarios del gobierno de Bukele por supuestas «negociaciones secretas» con la MS-13.

Violencia

Según las autoridades, La Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras pandillas, tienen cerca de 70.000 integrantes en el país.

El Salvador ha sido durante años uno de los países más violentos del mundo, debido en buena parte a las actividades de estas pandillas, cuyos miembros se dedican a la extorsión y el narcotráfico, entre otras actividades delictivas.

Cuando Bukele llegó al poder, en 2019, lo hizo con la promesa de luchar contra el crimen organizado y reducir la tasa de homicidios.

En 2021 la cifra de asesinatos se situó en 1.140, menor que la registrada el año anterior (1.341), y la más baja desde el final de la guerra civid en 1192, según cifras oficiales.

Sin embargo -y pese a que parece contar aún con un fuerte apoyo popular- Bukele ha sido objeto de numerosas críticas por sus decisiones tanto dentro del país como de parte de organismos internacionales, que lo acusan de autoritarismo por intentar controlar los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial

«Transmito mi cercanía a los miles de migrantes, refugiados y otros necesitados de protección en Libia. No me olvido nunca, siento vuestros gritos y rezo por vosotros», dijo Francisco, después del rezo del Ángelus.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1010486132061859&output=html&h=280&adk=4073860762&adf=1341518252&pi=t.aa~a.2060596162~i.5~rp.4&w=891&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1635082582&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5851562664&psa=1&ad_type=text_image&format=891×280&url=http%3A%2F%2Fwww.radioamerica.hn%2Fel-papa-pide-no-devolver-los-migrantes-paises-inseguros%2F&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=200&rw=891&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&adsid=ChAI8IjUiwYQqNmS9bDJhfoIEjkAJccIbvTnF2k1sZQLafDolABcfpT09UBzSVFnkGJHdX9FVrJn4an3vCnfd9UZ0OTg-28Y2-AjMtk&dt=1635082582769&bpp=6&bdt=1328&idt=-M&shv=r20211020&mjsv=m202110180101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D4f596830632ed432-22ea605f377b001e%3AT%3D1624367520%3ART%3D1635082582%3AR%3AS%3DALNI_MZOJgHuVZCwa6wxh9LBKSxQEXMbHg&prev_fmts=0x0&nras=2&correlator=2770985377607&frm=20&pv=1&ga_vid=773368920.1543359569&ga_sid=1635082582&ga_hid=1424119923&ga_fc=1&u_tz=-360&u_his=3&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=983&u_aw=1920&u_cd=24&adx=223&ady=1072&biw=1671&bih=791&scr_x=0&scr_y=0&eid=31063218&oid=2&pvsid=2360496541994830&pem=673&ref=http%3A%2F%2Fwww.radioamerica.hn%2F&eae=0&fc=1408&brdim=15%2C23%2C15%2C23%2C1920%2C23%2C1671%2C927%2C1671%2C791&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=23&jar=2021-10-24-13&ifi=2&uci=a!2&btvi=1&fsb=1&xpc=6GA2te7Fql&p=http%3A//www.radioamerica.hn&dtd=51

Condenó que «hombres, mujeres y niños son sometidos a una violencia deshumana» y por eso pidió «una vez más a la comunidad internacional que mantenga las promesas para encontrar soluciones comunes, concretas y duraderas a la gestión de flujos migratorios en Libia y en el Mediterráneo».

«Necesitamos poner fin a la devolución de migrantes a países no seguros y dar prioridad al rescate de vidas humanas en el mar, con dispositivos de salvamento y desembarco previstos, garantizar sus condiciones de vida dignas, alternativas a la detención, recorridos regulares de migrantes y solicitudes de asilo», destacó.

«Debemos sentirnos todos responsables de estos hermanos y hermanas que desde hace años son victimas de esta situación», añadió.

El barco Geo Barents, de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), se encuentra en el Mediterráneo con 296 personas a bordo, rescatadas en los últimos días, a la espera de que algún país les autorice un puerto.

Lo mismo ocurre con el buque español Aita Mari, de Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), que rescató el pasado martes a 105 migrantes. EFE

Esa es la conclusión del informe ‘Cambio climático internacional respuestas y desafíos crecientes para la seguridad nacional de EE. UU. hasta 2040’, presentado este jueves por la oficina del director de Inteligencia Nacional (DNI, en inglés), que coordina a las agencias federales que velan por la seguridad de la primera potencia del mundo.

Guatemala, Honduras y Nicaragua encabezan la lista de países, junto a otras naciones del planeta, que verán reducidas sus matrices productivas. En el caso de Centroamérica, los cultivos de maíz y frijol, que constituyen la dieta básica de esos pueblos, están amenazados.

Altas temperaturas, mucha o poca lluvia amenazan el futuro de Centroamérica

“Consideramos que los 11 países carecerán de los recursos financieros o la capacidad de gobernanza para adaptarse a los efectos del cambio climático, lo que aumentará el riesgo de flujos migratorios y de desplazamiento por la inestabilidad, incluida la frontera sur de EE. UU.”, reza el informe.

También prevé que el aumento de las temperaturas y los humedales por excesiva lluvia amplifiquen los brotes de mosquitos y enfermedades tropicales y diarreicas en países del sur de Centroamérica y sur de Asia “empeorando los resultados de salud y causando más pérdidas de vidas”, a partir de proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La comunidad de inteligencia de Estados Unidos ve como “muy probable” que las consecuencias del cambio climático impulsen más movilizaciones hacia las ciudades, “agravando factores de inestabilidad social o política”.

Falta de alimentos pone en mayor riesgo al norte de Centroamérica

Se proyectan más urbanizaciones descontroladas, mayores tasas de desempleo y crecimiento de los cinturones de pobreza o barrios marginales en las periferias de las urbes centroamericanas y de naciones vulnerables.

Este informe sería un insumo ante la Conferencia sobre Calentamiento Global de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que iniciará el 31 de Octubre en Glasgow, Escocia, a la que asistirá el mandatario estadounidense.

La corrupción imposibilitaría la asistencia

Si bien en la comunidad internacional, los organismos multilaterales y la propia iniciativa privada interna indican que hay capacidad para ofrecer asistencia financiera y experiencia técnica para atajar el problema, la corrupción endémica y la falta de transparencia sabotearían los objetivos, prevé el informe.

“Pueden ofrecer ayuda financiera, experiencia técnica y tecnologías de adaptación climática para aliviar algunas de estas dificultades, como la inseguridad alimentaria y del agua y la pobreza urbana», razona el informe del NIE. «Pero en los 11 países, es probable que estos esfuerzos sean obstaculizados por la gobernanza deficiente, la infraestructura débil, la corrupción endémica y la falta de acceso”.La corrupción «derrama el vaso» del pueblo guatemalteco

La dependencia de energías, la importación de recursos para atender los problemas de salud, entre otras, han empeorado la capacidad de estos países para prepararse para el calentamiento global.

Según el NIE, es probable que el cambio climático “contribuya al estrés económico y social” y se convierta en un factor impulsor de las migraciones “especialmente para los agricultores pobres de Centroamérica”, que representan el 30% de la población trabajadora de esos países.

“Cualquier persona (indocumentada) que haya llegado a los Estados Unidos antes del 1 de enero del 2011 y no tiene un récord de crimen significante podrían aplicar por este proceso“, expuso en términos generales la abogada Lia Parada, directora de Defensa Legislativa de Immigration HUB, en el podcast El Diario Sin Límites. “Tendrían permiso y protección de deportación hasta diez años”.

Lo anterior sería posible si la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, aprueba el Plan C que los demócratas, liderados por Dick Durbin (Illinois), presidente del Comité Judicial, y Bernie Sanders (Vermont), presidente del Comité de Presupuesto, afinan para entregar en estos días.

En la planeación de la propuesta también participan el senador Alex Padilla (California), presidente del Subcomité de Inmigración, así como el representante Jerrold Nadler (Nueva York), presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

La experta reconoció que esta propuesta no es la ideal para indocumentados, pero al menos lo protegería durante un periodo en el que podrían laborar con un permiso, el cual sería difícilmente cancelado en tribunales, ya que tendría el aval del Congreso.

Eso a diferencia de los ‘dreamers’ con DACA o personas con Estatus de Protección Temporal (TPS), quienes podrían apegarse a la nueva protección.PUBLICIDAD

“Por cualquier razón que alguien que tenga DACA o TPS que no califique para este nuevo programa se puede quedar con su DACA y TPS“, enfatizó Parada.

Este plan, según un estudio del Center for American Progress (CAP), beneficiaría a 7.1 millones de indocumentados.· ¿Cuál es el plan C o parole, y qué cambios en inmigración incluiría?

Aunque el permiso máximo de trabajo sería de 10 años, la Autorización de Empleo es de cinco años, con una opción a renovación, lo que implicará que ese inmigrante debe mantenerse elegible, es decir, sin récord criminal.

Esta semana se espera que la parlamentaria MacDonough revise la nueva propuesta y, quizá, tenga una decisión, tomando en cuenta que el 31 de agosto es la fecha límite que los demócratas se han puesto para avanzar con el proceso de Reconciliación, el paquete económico de $3.5 billones de dólares que apuntala el plan Build Back Better (Reconstruir Mejor) del presidente Joe Biden.

Los demócratas enfrentan críticas de organizaciones civiles por considerar que han permitido que una funcionaria “no electa” tome una decisión legislativa, por lo que piden a la vicepresidenta Kamala Harris que no tome en consideración las opiniones de la parlamentaria MacDonough y permita avanzar con un plan migratorio.

La experta Lia Parada dijo que eso es posible, pero también puede ser una iniciativa del líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer (Nueva York), pero enfatizó que se requieren 50 demócratas para avalar esa ruta.

El gobierno de Biden anunció las nuevas reglas que requieren que las autoridades de Inmigración solo persigan a los migrantes que cruzaron recientemente al país sin permiso o que se considere que representan una amenaza para la seguridad pública.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dará prioridad al arresto y deportación de ciertos inmigrantes indocumentados, incluidos los sospechosos de terrorismo, personas con una conducta delictiva grave o que han cruzado la frontera ilegalmente, recientemente.

“Por primera vez, nuestras pautas, en la búsqueda de la seguridad pública, requerirán una evaluación del individuo y tomarán en cuenta la totalidad de los hechos y circunstancias”, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas en un comunicado. “

Al ejercer esta discreción, nos guiamos por el conocimiento de que hay personas en nuestro país que han estado aquí durante generaciones y han contribuido al bienestar de nuestro país, incluidos aquellos que han estado en la primera línea de la batalla contra COVID, lideran las congregaciones de fe y enseñar a nuestros hijos. Mientras nos esforzamos por brindarles un camino hacia el estatus, no trabajaremos en conflicto gastando recursos buscando eliminar a aquellos que no representan una amenaza y, de hecho, fortalecer a nuestra nación”, destacó Mayorkas.

Las prioridades de ejecución para la detención y expulsión se centrarán en los no ciudadanos que son una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza.

Las nuevas pautas son una ruptura total respecto al procedimiento establecido anteriormente. Las detenciones de inmigrantes indocumentados ocurrían frecuentemente dentro de Estados Unidos, y no solamente en la frontera, coo en el caso de las redadas de ICE en centros de trabajo.

Las nuevas reglas requieren una evaluación del individuo y la totalidad de los hechos y circunstancias que lo rodean, para garantizar que los recursos se concentren de manera más efectiva .

También se reconoce que la mayoría de los más de 11 millones de no ciudadanos indocumentados o que no son ciudadanos de los Estados Unidos han sido miembros contribuyentes de nuestras comunidades en todo el país durante años.

El hecho de que un individuo sea un no ciudadano removible no será por sí solo la base de una acción de ejecución en su contra.

Un inmigrante indocumentado se considera una “amenaza para la seguridad fronteriza” si es arrestado en la frontera o puerto de entrada intentando ingresar ilegalmente a Estados Unidos o si es arrestado dentro del país después de ingresar ilegalmente, después de noviembre de 2020.

La nueva guía entra en vigencia en 60 días: el próximo 29 de noviembre de 2021, reemplazando la guía provisional publicada al inicio de la administración de Biden.

“Estoy agradecido con el personal de ICE por su franqueza en nuestras discusiones sobre su misión crítica de aplicación de la ley”, continuó Mayorkas. “Las nuevas pautas permitirán a nuestro Departamento cumplir de manera más eficaz nuestra misión de hacer cumplir la ley y, al mismo tiempo, promover el bienestar de nuestro país al reconocer las contribuciones invaluables de millones de personas que forman parte del tejido de nuestras comunidades. Las pautas nos ayudarán a ejercer nuestra discreción procesal para lograr justicia”.

El tema de la Asamblea General de la ONU de este año es “crear resiliencia a través de la esperanza: para recuperarse de la COVID-19, reconstruir la sostenibilidad, responder a las necesidades del planeta, respetar los derechos de las personas y revitalizar las Naciones Unidas” destaca el ministerio.

El MOFA asevera que la nación está lista, dispuesta y tiene la capacidad de participar en los esfuerzos de dicha entidad en un momento crítico cuando el mundo está trabajando unido hacia la recuperación. A fin de mostrar a la comunidad internacional su compromiso, el Gobierno invitará a sus aliados a hablar a favor de la participación de la nación durante el debate general, y ha exhortado a los países de ideas afines a escribir al secretario general de la ONU, António Guterres, instándolo a acatar los principios de la Carta de las Naciones Unidas y no excluir indebidamente a los 23,5 millones de habitantes de Taiwán.
 
El Gobierno tiene tres peticiones que presentar este año a las Naciones Unidas: La primera, tomar medidas inmediatas para abordar la exclusión injustificada de los 23,5 millones de habitantes de Taiwán. En segundo lugar, rectificar su política discriminatoria, y no privar a sus ciudadanos y a los medios de comunicación de la nación el acceso a sus instalaciones para visitar, asistir o cubrir reuniones y actividades. En tercer lugar, asegurar que Taiwán tenga el derecho a participar de manera equitativa y digna en reuniones, mecanismos y actividades relacionadas con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Para transmitir claramente estas peticiones a la comunidad internacional, el ministro de Relaciones Exteriores, Jaushieh Joseph Wu, publicó un artículo especial en los principales medios de comunicación internacionales titulado: “Reimaginar un sistema de la ONU más resiliente con Taiwán”, en el que afirma que la nación puede desempeñar un papel constructivo dentro del sistema de dicha organización.
 
A la vez, el MOFA está produciendo cortometrajes que hagan eco del tema de la Asamblea General de la ONU. Organizará actividades periféricas sobre temas como atención humanitaria internacional, desarrollo sostenible y prevención epidemiológica, a fin de demostrar la fuerte voluntad de Taiwán de contribuir a la región y al mundo en la lucha global contra la epidemia y la recuperación pospandemia.

Las especulaciones en torno a la capacidad del ex presidente de obtener un lucrativo contrato con un editor de renombre se han debatido durante mucho tiempo, debido a la naturaleza controvertida de Trump.

Politico informa que, tras su continuo impulso de desinformación y su papel percibido en la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de los EE.UU., Trump aparentemente es una inversión aún menos atractiva para los editores.

Los informes de Maggie Haberman en The New York Times han dicho que Trump se está sintiendo increíblemente frustrado por el hecho de que quienes lo rodean, incluido su ex vicepresidente Mike Pence, hayan asegurado contratos.

El 11 de junio, Trump respondió a los rumores, diciendo que había «rechazado dos ofertas de libros de la mayoría de las editoriales improbables» y que estaba trabajando en un «proyecto mucho más importante».

Es muy inusual que un ex presidente luche por conseguir un importante contrato de libros después de su tiempo en la Casa Blanca.

El ex presidente Barack Obama y su esposa, la ex primera dama Michelle Obama, obtuvieron un acuerdo de $65 millones con Crown en 2017, informó Associated Press anteriormente.

Leer más: Lara Trump dice que es “mejor armarse” con armas de fuego como medida contra migrantes

Pero varios editores también le dijeron a la agencia de noticias que no creían que Trump tuviera el mismo atractivo global que Obama. Según los informes, a los editores también les preocupa que Trump sea una «pesadilla para la verificación de hechos».

Sin embargo, Trump insistió a Politico que “dos de las editoriales más grandes y prestigiosas han hecho ofertas muy sustanciales que yo he rechazado”.

Dijo en el comunicado al medio: «Eso no significa que no los acepte en el futuro, ya que he comenzado a escribir el libro».

Los principales editores del llamado «Big Five» de los editoriales supuestamente le dijeron al medio que no habían oído hablar de tales posibles ofertas de libros.

La mayoría de las fuentes le dijeron al medio que que no estarían dispuestos a trabajar con el proyecto de Trump cuando él decida lanzar una oferta por un libro.

En su declaración a Politico, Trump dijo: «Si mi libro será el más grande de todos, y con 39 libros escritos sobre mí, ¿alguien realmente piensa que se creen lo suficientemente superiores como para no querer ganar mucho dinero?».

Añadió: “Algunas de las bandas de depravados más grandes [sic] del mundo dirigen estas empresas. Sin moral, sin nada, solo les importa el resultado final».

El ex presidente afirmó que los editores “seguro que no lo admitirían antes del hecho. Pero después del hecho, se quedarán quietos y dirán: ‘Vámonos’”.

Antes de convertirse en presidente, Trump escribió más de una docena de libros, incluido su libro tremendamente popular: The Art of the Deal, escrito junto al autor fantasma Tony Schwartz.

Sin embargo, muchos profesionales de la industria todavía creen que la firma del editor con Trump podría correr el riesgo de enfrentar una reacción generalizada tanto de los críticos del presidente, como del público y de la industria.

La pobreza en general bajaría del 13.7 por ciento al 6.4 por ciento con un cheque de estímulo adicional, pero con dos el porcentaje sería de 6.6 por ciento, pero dependería también si el pago se envía a todas las personas, no solamente a estadounidenses.

En el caso de la comunidad latina, el efecto sería mayor, ya que la tasa de pobreza bajaría del 13.3 por ciento al 9 por ciento, pero un quinto pago esa cifra se desplomaría al 6.3 por ciento, apuntan los expertos Elaine Maag y Kevin Werner en el reporte “Cómo los pagos en efectivo adicionales reducirían la pobreza”.https://ca4c9e0d1ace70375f4014fa9663e45d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Ahora bien, las cifras señalan que el pago debería ser universal, es decir, a todas las personas, sin importar su estatus migratorio, lo que beneficiaría a más de 11 millones de indocumentados, un alto por centaje de origen latino, aunque la elegibilidad sería más restringida.

“Incluir a todos en los EE.UU. en los pagos en lugar de restringirlos a los ciudadanos tiene el mayor efecto sobre los hispanos”, señalan. “(Se) reduciría la tasa de pobreza hispana del 13.3 por ciento al 9.0 por ciento”. Luego establecen que un quinto pago, el cual refieren como “un segundo pago de eliminación más rápida” reduciría esa la tasa de la pobreza al 6.3 por ciento entre hispanos.

Demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado han pedido al presidente Joe Biden que apoye un cuarto cheque de estímulo, pero el mandatario no lo incluyó en su Plan para Familias Estadounidenses, el cual se enfoca en créditos fiscales para niños y otro tipo de apoyos para las familias de bajos ingresos.

De hecho, la Administración Biden indica que su Presupuesto 2022 inicia con el Plan para Familias y el Plan de Empleos Estadounidense, ambos por discutir en el Congreso.

El más reciente impulso para una nueva ayuda económica es liderado por el representante Jimmy Gomez (California) y en ella se expone la urgencia de extender el bono al seguro de desempleo, que concluye en septiembre, así como avalar dos cheques de estímulo adicionales, bajo el argumento de que ayudará a sacar de la pobreza a 28 millones de personas.

En una presentación judicial este miércoles, los abogados informaron que aún están buscando a los padres de 506 niños separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México en 2018, aseguró la cadena.

Hace un mes los abogados aún buscaban a los padres de 611 menores, y en las últimas semanas lograron hallar a los familiares de 105 niños. Estos hallazgos se dieron durante el gobierno del presidente Joe Biden.

La separación de miles de familias inmigrantes que atravesaron la frontera desde México sin documentos es uno de los capítulos más dolorosos heredados del Gobierno de Trump, que se valió para ello de la política de “tolerancia cero”, anunciada en abril de 2018, aunque esta práctica comenzó como un programa piloto en julio de 2017 en la zona fronteriza de El Paso, Texas.

Un fallo de junio de 2018 del juez federal del Tribunal del Distrito Sur de California en San Diego, Dana Sabraw, frenó la aplicación de esa política y un mes después el Departamento de Salud y Servicios Humanos identificó a “2,551 niños separados cubiertos por la orden judicial”.

Para agosto de ese año, 2,000 de los casi 2,600 niños identificados se habían reunido con sus padres, pero no unos 545 pequeños cuya reunificación se complicó debido a que sus padres habían sido enviados de vuelta a sus países de origen. Semanas después el número acrecentó a más de 600 menores separados.

Los abogados no habían podido ubicar ni a los padres ni a los niños de 362 familias. En el caso de 183 familias solo se pudo ubicar a los niños.

El grupo de abogados designado por un tribunal federal para las reunificaciones había admitido no haber podido localizar a los padres, en parte por la poca información recolectada por el gobierno de Trump en el momento de realizar las separaciones.

Un reporte de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, dado a conocer en enero pasado asegura que el gobierno de Trump sabía de las consecuencias negativas de su orden a los fiscales federales a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos de que detuvieran a migrantes que cruzaran ilegalmente hacia el interior del país y los separaran de sus hijos.

Durante su campaña, Biden empeñó su palabra y consideró estas separaciones “una mancha” para EE.UU.

La Casa Blanca formó a principios de febrero un grupo que asumirá la tarea de reunir a las familias migrantes separadas.