Grosero atropello

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Edmundo Orellana
Catedrático universitario

Todos los hondureños debemos preocuparnos por el fallo emitido recientemente por un Tribunal de Jurisdicción Nacional, por el cual exonera de responsabilidad a aproximadamente 22 mareros, con antecedentes espeluznantes.

Preocupación que nadie está impedido de manifestar públicamente porque no es un irrespeto a los tribunales. Tampoco lo sería si se debatieran las motivaciones contenidas en el fallo, por expertos en la materia para ofrecer una visión objetiva y profesional sobre el tema.

No obstante, es de público conocimiento que el MP tiene expedito el camino de la impugnación, en donde, si el juzgado está equivocado, el fallo se revertirá. Detalle que parece desconocer el gobernante, porque, en una comparecencia pública, además de expresar su preocupación por ese fallo, dio a conocer una decisión cuyos efectos desmantela los límites impuestos por el Principio de División de Poderes, consagrado en nuestra Constitución.

Comunicó que había ordenado investigar el tribunal que emitió la sentencia y, del resultado de la investigación, que se proceda en consecuencia. Al mejor estilo de los sátrapas africanos, atropella la independencia judicial, piedra angular del sistema de justicia. Es cierto que el nuestro es un edificio ruinoso, que reclama ser reparado con urgencia, pero, con estas salvajes embestidas, el colapso definitivo será inevitable.

La investigación la practicará el Poder Judicial y el MP, cuyos titulares, solícitamente, respondieron al llamado del gobernante, quien advirtió que esas instituciones tomarán sus decisiones en el ámbito de sus competencias.

Que se sometan esas autoridades a los dictados del gobernante tan sumisa y diligentemente, a sabiendas de que están atentando contra la independencia judicial, debe ser motivo de alarma general, porque debe entenderse como una declaración oficial del nacimiento de la dictadura y la aniquilación de la República y del Estado de Derecho.

El magistrado-presidente también compareció públicamente, con el resto de los magistrados, para anunciar la investigación. La presencia de los magistrados de la Sala de lo Penal en esa comparecencia compromete el fallo que se dictará en el recurso de casación que interpondrá el MP. Con ese gesto, ¿prejuzga la Sala de lo Penal?

¿Por qué la estridencia del anuncio? Si es competencia de la Inspectoría de Tribunales investigar de oficio o a instancia de parte.
Lo que dijo el gobernante posteriormente exhibió los grotescos perfiles del atropello, porque anunció que también había ordenado a la Inspectoría de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) investigar el caso, sin perjuicio de aquellas investigaciones. ¡Qué humillación! ¡Pobres jueces de jurisdicción nacional! A eso están expuestos. Son asignados por el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional a la “Policía Militar del Orden Público”, y, por ello, sometidos irremediablemente al régimen militar, es decir, a la jerarquía de la Policía Militar, que, a su vez, depende del gobernante, de quien atiende ciegamente sus órdenes, como exige la naturaleza de esta jerarquía.

Repugna que el gobernante del país de “la vida mejor”, con el apoyo del magistrado presidente de la Corte Suprema y del fiscal general, atropelle descaradamente la independencia judicial, al someter a revisión policial los fallos judiciales, con el agravante de que los jueces, víctimas de este atropello, no puedan acudir a ninguna instancia a denunciar la intimidación, delito claramente tipificado en el Código Penal, porque todas las instituciones a las que pueden acudir están comprometidas en la comisión del delito.

¿Qué bajo hemos caído? Y el silencio es absoluto. Nada justifica el vergonzoso silencio del Colegio de Abogados, de los frentes, tan activos en períodos electorales, y de las asociaciones de los operadores de justicia, que de persistir se convertirán, inequívocamente, en complicidad.

También se mantienen en silencio las organizaciones políticas y de la sociedad civil. ¿No comprenden las funestas consecuencias de estas decisiones para el Estado de Derecho?

Esa imperturbable e histórica indiferencia es nuestro principal enemigo y la causa de nuestra permanente crisis social, económica, política y cultural.

Y usted, distinguido lector, ¿qué opina?

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