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Un juez de un tribunal brasileño concedió este domingo libertad al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde el pasado 7 de abril por corrupción pasiva, confirmaron hoy fuentes oficiales.

El juez Rogério Favreto, del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), con sede en Porto Alegre, aceptó un pedido de “habeas corpus” para Lula y solicitó que la medida sea cumplida en régimen de “urgencia”, según publicó el diario Folha de S.Paulo.

El habeas corpus había sido requerido el viernes por los diputados Wadih Damous, Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, del Partido de los Trabajadores (PT), pidiendo que fuera liberado inmediatamente pues no habría fundamento jurídico para su arresto.

Los parlamentarios están ahora en la sede de la Policía Federal tratando de hacer que la orden sea cumplida.

El juez argumentó en su fallo que la prisión del expresidente impide ejercer sus derechos como precandidato a la presidencia de la República brasileña, a pesar de que se encuentra virtualmente inhabilitado después de ser condenado en segunda instancia.

Mientras tanto, el juez Sergio Moro, quien condenó al expresidente Lula da Silva en primera instancia por corrupción, cuestionó la competencia del magistrado que ordenó hoy la libertad del exjefe de Estado.

En un auto, Moro consideró que el juez federal de guardia es “absolutamente incompetente” para ordenar la liberación de Lula, después de que la octava sala del Tribunal regional de la Cuarta Región le condenara en segunda instancia y la Corte Suprema votara a favor de su arresto para el cumplimiento de la pena.

Lula está encarcelado desde abril en la sede de la Policía Federal de Curitiba tras ser condenado en segunda instancia a doce años y un mes de prisión por corrupción.

El exmandatario fue sentenciado previamente en julio del año pasado por el juez Sergio Moro, encargado en primera instancia de las investigaciones del caso Petrobras, a nueve años y seis meses de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.

Moro consideró probado que el expresidente recibió en concepto de soborno un apartamento de tres plantas en la playa a cambio de favorecer a la constructora OAS en la adjudicación de contratos públicos de la petrolera estatal Petrobras.

Esa condena fue ampliada hasta los doce años y un mes por un tribunal de apelación.

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