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Edmundo Orellana
Catedrático universitario

Lo que ocurre en el servicio de la energía eléctrica es culpa del gobierno, como también lo es el desastre en la seguridad social y el peligro que se cierne sobre la previsión social.

Admitimos que el fracaso de las instituciones autónomas es un hecho incontrovertible. ¿Pero el fracaso es del modelo institucional o de la administración? Esas instituciones fueron creadas para operar monopolios estatales. Actuaron sin competencia, prestando servicios públicos imprescindibles, con carácter obligatorio, y, sin embargo, fracasaron.

Los casos de la ENEE y de HONDUTEL son patéticos. Prestan servicios de los que no puede prescindir nadie, ni las personas, ni las empresas. Sin embargo, se han convertido en cargas financieras insostenibles. En el de la ENEE, por su administración, y en la segunda, porque fue incapaz de seguir el ritmo de los avances de la tecnología en la prestación del servicio.

Son varios los factores del desastre financiero en que se han convertido las instituciones autónomas. Las decisiones políticas constituyen el principal factor. Por ejemplo, nombrar políticos de oficio para dirigirlas, sin ninguna capacidad profesional y como reconocimiento a su contribución a la campaña política. La consecuencia inevitable fue que se convirtieron en refugio de activistas políticos y en fuente de recuperación de gastos de campaña.

Sus juntas directivas, integradas por representantes de los sectores sociales concernidos en el servicio, contribuyeron al fracaso. En esas instancias jerárquicas actúan empresarios, obreros, gremios y otros. Su función es decidir los temas trascendentales para la vida institucional del organismo respectivo. Aprobar el presupuesto, el plan operativo, los contratos de suministro, obra pública, consultoría y otros. Con todas esas responsabilidades, las preguntas que surgen son las siguientes: ¿Cómo permitieron los contratos leoninos de la ENEE y de otras entidades? ¿Cómo permitieron los contratos que derivaron en el saqueo del IHSS?

Los sindicatos de esas instituciones tienen también su cuota de responsabilidad. No solo por los privilegios que imponían a su favor en los contratos colectivos y por anteponer el “espíritu de cuerpo” a la calidad del servicio mismo, creyendo que protegen al sindicato defendiendo a sindicalistas negligentes, sino también porque, en no pocos casos, integraron esas juntas directivas, participando en esas decisiones lesivas.

¿Cómo justificar la mora de grandes empresas? La ENEE, pese a lo inaudito del hecho, presenta la mora como causa de sus problemas y, sin embargo, hasta les condonó la deuda a las pobrecitas grandes empresas, en algunos casos. En este acto de conmiseración también ha participado el Congreso Nacional, condonando deudas de la ENEE, de BANADESA y hubo un caso que hasta deudas con bancos privados perdonó.

En las instituciones de previsión social el caso es más grave. La responsabilidad de su mala administración es imputable a los responsables de los mismos favorecidos, a los servidores que cotizan al sistema. El IPM es un caso de irresponsabilidad extrema, que solo pudo oxigenarse con la ampliación de los cuentahabientes, incorporando a los policías y a los bomberos. En las demás, ha habido necesidad de intervenirlas y sanearlas. La responsabilidad de la mala gestión financiera en estas entidades es también de la Comisión de Bancos y Seguros, que, por supuesto, ha ejercido negligentemente su función de vigilar las operaciones financieras de estas entidades, las que podrían estar poniendo en riesgo el futuro de las jubilaciones y pensiones de cientos de miles de hondureños, porque los fondos destinados a ello se desviaron para financiar la construcción de edificios que albergarán oficinas públicas, dotadas de tecnología de última generación, para burócratas ineficientes y políticos corruptos.
Todas las entidades autónomas han sido intervenidas por su mala administración y las juntas interventoras han propuesto soluciones, pero el gobierno, en lugar de atender esas soluciones, ha optado por la privatización de los servicios públicos.

Fue la privatización la que generó el reciente problema en la ENEE, demostrando que la solución no es privatizar. En este caso, a la voracidad de la empresa concesionaria se agrega una pelea de socios que repercute en el bolsillo de los usuarios, agravando su situación económica. La reacción violenta y masiva de la población es la consecuencia normal a esta desfachatez empresarial, agregando un factor más de ingobernabilidad, responsabilidad exclusiva del gobierno, que evidencia sus torpezas.

Sigan por ese camino y solo fracasos obtendrán. ¿Pero quién pagará por ello?

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