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Edmundo Orellana
Catedrático universitario

Después de esa exhibida que se dio ante el mundo, reclamando a la OEA por la denuncia de la MACCIH sobre el Decreto de la Impunidad, aprobado para atribuirles inmunidad a los diputados corruptos, el gobierno no solo ostenta el título de usurpador, por las razones harto conocidas, sino también el de “gobierno de la corrupción”.

Oficialmente, porque fue aprobado por el “Congreso de la vergüenza” y el recién instalado lo defiende, sin que importe, a los diputados dedicados a esa infame tarea, cuan retorcida podría quedar su imagen en la opinión popular. Y porque las instituciones cuya autonomía e independencia es atacada por ese ominoso decreto, como la Corte Suprema, en lugar de guardar el decoro que sus funciones exigen, esperando que las acciones se incoen a efecto de declarar en sentencia lo que en Derecho corresponda, se pronunció públicamente, generando la impresión de que aplaudía lo aprobado, para luego, dejarlo bien claro, con la aceptación sumisa de los efectos del ignominioso decreto, en la decisión tomada por el tribunal que juzgaba el caso conocido como “red de diputados”.

En el mismo tenor de esta declaración de la Corte, se pronunciaron el TSE y el IAIP, contrariando lo que sus respectivas leyes mandan.

Los medios de comunicación anunciaron que el MP reaccionaría presentando la respectiva acción de inconstitucionalidad. De hacerlo, estaría cumpliendo fielmente sus funciones. Porque es su deber, en representación y defensa de la sociedad, atacar todo aquello que atente contra esta ¿Y qué otra amenaza más grave que atentar contra la independencia y autonomía de los órganos del sistema de justicia?

Habrá quienes califiquen de ilusorio este esfuerzo del MP, porque la Corte Suprema de Justicia, indirectamente, ya se pronunció, incluida la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, la importancia de la interposición de la acción no radica en la posibilidad de que se declare con lugar, sino en que sea presentada por el MP, por lo que este representa, exponiendo el sumiso comportamiento de los demás organismos, cuyos titulares, abjurando del juramento prestado, deciden someterse incondicionalmente a los caprichos del gobernante.

Que lo presente el MP, además, es una prueba de fuego para el Poder Judicial. Lo pondrá en la incómoda situación de juzgar sobre su condición de poder del Estado, porque tendrá que pronunciarse sobre si ese decreto atenta contra su independencia y autonomía, valores y principios constitucionales, reconocidos desde los albores de la República. De desestimar la acción, se negaría a sí mismo como poder del Estado.

De desestimarla se pondría en evidencia, una vez más, la sumisión de la Sala de lo Constitucional a los caprichos del Poder Ejecutivo, porque, para ello, tendrá que recurrir a razonamientos absurdos, igual que cuando emitió las burdas sentencias por las que pretendió, inútilmente, habilitar judicialmente la reelección. Esta actitud repudiada universalmente porque atenta contra la “seguridad jurídica”, es un detallito que, está demostrado amplia e históricamente, no le impide al órgano rector de la justicia constitucional cumplir con su cometido de proteger lo que interese al Ejecutivo. No importa que la desestimen, lo fundamental es que la denuncia de la MACCIH quedará ampliamente justificada.

Internacionalmente, porque, vía esa petición a la OEA, la perversa pretensión del gobierno de instituir la corrupción como regla de su gestión, fue conocida universalmente. Los gobiernos extranjeros, los organismos internacionales y la inversión extranjera, han tomado debida nota del país que ha sustituido la seguridad jurídica por el capricho de sus gobernantes y los fondos públicos en recursos susceptibles de apropiación de parte de los funcionarios públicos. Y la vocera de la embajada de Estados Unidos, tan inclinada a aplaudir todo lo que el gobierno hace y manifiesta, en esta ocasión reaccionó condenando el decreto con un lenguaje subido de tono, impropio de la diplomacia, pero, sin duda, justificado.

Por lo menos, el pueblo de Guatemala arrinconó a los diputados corruptos obligándolos a revocar el famoso decreto de la impunidad. Lo peor que puede suceder en nuestro país, es que con nuestro silencio justifiquemos semejante crimen, invocando la trillada frase de esos partiditos bisagra, para justificar su falta de escrúpulos: “¡Sea por la gobernabilidad!”.

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