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La concentración del poder y el autoritarismo, son los sellos que el presidente, Juan Orlando Hernández Alvarado, análisis de ese instituto político a los 100 días de gobierno.

Alrededor de este juicio de valor gira el análisis realizado por el Consejo Centra Ejecutivo del Partido Liberal, respecto a las ejecutorias del Gobierno nacionalista en los primeros 100 días.

El estilo absolutista implantado por Hernández Alvarado y que también se manifiesta a través de la centralización administrativa, es uno de los mayores peligros para la gobernabilidad democrática, a criterio del Partido Liberal.

En un documento que será dado a conocer este día y al cual ha tenido acceso HRN, la dirigencia del partido de la bandera rojiblanca señala que los logros atribuidos a la presente gestión No son tales, sino más bien representan preocupaciones y sufrimiento para el pueblo hondureño.

En esa línea crítica, el Consejo Central considera que la crisis económica, social y política del país es el resultado de la pésima gestión administrativa del ex presidente, Porfirio Lobo Sosa, y del actual mandatario, quien en dicho período ocupaba la titularidad del Poder Legislativo.

Los pronósticos sobre el comportamiento económico son reservados, según se deduce de lo analizado por los liberales, quienes observan con pesadumbre la tendencia alcista de la inflación, el déficit fiscal y el creciente endeudamiento público.

Sobre este particular se subraya que la administración nacionalista es la que más rápidamente ha endeudado al país. Para ejemplificar dicho comportamiento se recuerda que en los últimos cuatro años, Honduras elevó sus compromisos en 91mil 237 millones de lempiras.

El Partido Liberal condena, asimismo, la creación de “Coalianza”, que –lejos de atraer inversión productiva- se ha convertido en un poder paralelo. Desde esta plataforma se ha dado lugar a una gestión poco transparente, sin contar con que los miembros de la Comisión para la Promoción de las Alianzas Público-Privadas, cometieron el abuso de incrementar su salario en más de 45,000 lempiras para completar una remuneración de 199 mil lempiras mensuales.
Los liberales advierten que la privatización de las empresas públicas aumentará el desempleo e incrementará las tarifas, frente a lo cual se propone volver competitivas las mismas, mediante la erradicación de la corrupción imperante.

En el ámbito de la violencia criminal, la fuerza política opositora concluye que la gestión nacionalista ha creado un estado de militarización de la seguridad pública que No ha logrado los objetivos propuestos.

Se mantienen las altas tasas de criminalidad en todos los sectores de la sociedad hondureña y en las diferentes zonas geográficas del país, según se pone de relieve en el documento elaborado por el Partido Liberal.

En este mismo campo de la inseguridad, la institución del emblema rojo-blanco-rojo, condena la creación del programa denominado “Guardianes de la Patria” que es impulsado por el gobernante Hernández Alvarado, por considerar que constituye una violación a los derechos de los niños.

El Partido Liberal sostiene, por otra parte, que el aumento en la cobertura y la calidad educativa No mejoran excluyendo a los maestros del proceso de transformación ni desconociendo los derechos del magisterio, sino mediante el impulso de un “Pacto Educativo”.

En relación con el tema de la libertad de prensa, se pone de relieve que esta garantía se ha violentado en tanto se califica al presidente Hernández Alvarado es intolerante a las críticas de los medios de comunicación que No son afines a la línea de sus actuaciones, en cuyo caso, les ha señalado de estar aliados con el crimen organizado.

También es evidente la falta de transparencia y de rendición de cuentas en las actuaciones del actual régimen, de acuerdo con lo establecido en el documento de posición del liberalismo en torno a los primeros 100 días del Gobierno de la “Vida Mejor”.

El Consejo Central Ejecutivo identifica al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva de tener responsabilidad directa en los desaciertos cometidos en un poco más de tres meses de Gobierno.

El Congreso es un poder “obediente y No deliberante” y en igual situación se encuentra el Poder Judicial, porque la Corte Suprema de Justicia se ha acomodado fácilmente a los intereses del Presidente de la República, destaca la parte concluyente del análisis del Partido Liberal.

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